Más de 200.000 leoneses están subsidiados o cobran un salario como empleados públicos

La emergencia sanitaria ha disparado el gasto público hasta cotas inimaginables antes de la pandemia. Entre parados con derecho a prestación, afectados por un Erte, pensionistas, empleados de las administraciones y personas que cobran algún subsidio social ya hay más de 200.000 leoneses que perciben sus ingresos de la caja común.

Es casi la mitad de la población. Concretamente el 44,4% de los 456.439 habitantes que aparecen en el padrón del 1 de enero. Y son muchos más que los asalariados del sector privado. La brecha es importante. Según los datos del paro, publicados a principios de este mes, la provincia tiene 156.531 ocupados y 33.646 desempleados. En el otro lado de la balanza hacen de contrapeso los 202.999 leoneses que están subsidiados o son trabajadores del Estado, la Junta o las entidades locales.

Desde mediados de marzo, el número de personas que reciben algún tipo de prestación pública se ha disparado por el covid, pero en León el problema es doble porque a la crisis social se añaden como males endémicos el envejecimiento de la población y el éxodo de muchos jóvenes que salen fuera en busca de un futuro. De hecho, hay 144.609 pensionistas, casi tantos como cotizantes. La factura que abonó el Estado este mismo mes rozó los 150 millones de euros, a pesar de que hubo 1.848 menos debido a la alta mortalidad asociada a la covid, pero la prestación se revalorizó un 0,9%. Lo mismo ocurrirá en 2021. La mayoría cobran la de jubilación o viudedad.

También es muy elevado el presupuesto para pagar las nóminas de los 29.448 empleados de las distintas administraciones; 15.633 pertenecen a la Junta, 7.443 al Estado y 6.372 trabajan en los ayuntamientos, según se desprende del boletín estadístico que con carácter semestral publica el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, ahora en manos de Miquel Iceta tras la salida de Salvador Illa.

Otro de las partidas importantes que destina el Estado a la provincia va a las cuentas de los 20.220 leoneses que tienen derecho a una prestación por desempleo. Ahí no se incluyen los 6.718 trabajadores que continúan inmersos en un Erte y que también perciben sus ingresos de las arcas públicas, aunque muchos siguen teniendo problemas para cobrarlos.

Un impacto mucho menor ha tenido hasta el momento el ingreso mínimo vital que aprobó el Gobierno de coalición como una de sus medidas estrella, pero en diciembre, cuando el Ministerio de la Seguridad Social hizo cuentas, tan solo había llegado a 2.002 hogares de la provincia. Se denegaron 3.305 solicitudes. Según el compromiso del Ejecutivo central, este año aumentarán la cobertura.

No obstante, el gasto que implican esos más de 200.000 subsidiados o empleados públicos es inasumible sin el factor corrector de otros territorios en los que la pirámide demográfica no se ha invertido. El envejecimiento, sin soluciones para fijar población, lastra el crecimiento de la provincia.