Los másteres para ejercer de abogado o profesor costarán igual que los grados
Gobierno y comunidades pactan completar esta rebaja en la matrícula de los posgrados que habilitan para una profesión, de un 30% de media, para el curso 2022-23
El Gobierno y las autonomías, con la única oposición de la Comunidad de Madrid, pactaron hoy iniciar en todas las universidades públicas un proceso de rebaja de las tasas de matrícula de los másteres que habilitan para ejercer una profesión con el objetivo de que, en dos años, para el inicio del curso 2022-23, tengan un precio medio similar a la primera matrícula de los grados.
Este tipo de másteres los cursan en la actualidad en España unos 44.000 estudiantes de universidades públicas, sobre todo los que pretenden ejercer como abogados, profesores de secundaria o psicólogos. La reducción pactada supondrá rebajar las tasas de los másteres habilitantes aproximadamente en un 30%, hasta dejar su precio medio en 935 euros por matrícula, lo que supone un descenso de más de 400 euros sobre su coste medio actual, que es de unos 1.348,8 euros. Estos precios son solo orientativos, pues en la actualidad existe una gran disparidad de tarifas entre las distintas autonomías, con las universidades de Castilla y León con una matrícula media unos 1.200 euros más cara que la de Galicia.
La reducción pactada hoy para los precios de los másteres habilitantes se producirá en paralelo con la ya acordada hace casi un año, en mayo de 2020, cuando se aprobó que todas las universidades públicas bajarían, también con el curso 2022-23 como fecha límite, sus precios máximos de primeras matrículas de grado hasta los que tenían en el curso 2011-12. Los dejarán como los tenían justo antes de que las tarifas se disparasen con el 'tasazo' aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, su fórmula para compensar vía renta de las familia el recorte de transferencias públicas para financiar los centros de estudios superiores, que llegó hasta el 20%.
Coste de 10,5 millones El Ministerio de Universidades, que es quien ha defendido con éxito la propuesta en Consejo General de Política Universitaria, calcula que las autonomías tendrán que aportar a sus universidades unos 10,5 millones de euros anuales para compensar la reducción de ingresos que sufrirán por el recorte de tasas de los másteres habilitantes. Quien más deberá compesar es la Comunidad de Madrid, que tendrá que transferir a sus universidades públicas unos cuatro millones de euros por este concepto.
Este segundo pacto para la reducción de tasas universitarias propuesto por el departamento que dirige Manuel Castells precede a un tercero que querría cerrar con las autonomías lo antes que sea posible. El deseo es que la convergencia a la baja entre las tarifas de másteres oficiales y cursos de grado sea total, no solo para los cursos de posgrado habilitantes.
La idea que subyace a estas propuestas es la reducción de la "enorme brecha" existente entre las matrículas de los másteres y los grados en la mayoría de las universidades públicas, "para que no exista una limitación por razones socioeconómicas del derecho de los estudiantes a acceder a esta etapa de especialización de la educación superior, tanto más cuando, en el caso de los másteres habilitantes y vinculados, estos son un requisito necesario para acceder a la correspondiente profesión"