Los másteres para ejercer de profesor y abogado costarán igual que un grado

El Gobierno y las autonomías, con la única oposición de la Comunidad de Madrid, pactaron iniciar en todas las universidades públicas un proceso de rebaja de las tasas de matrícula de los másteres que habilitan para ejercer una profesión con el objetivo de que, en dos años, para el inicio del curso 2022-23, tengan un precio medio similar a la primera matrícula de los grados.

Este tipo de másteres los cursan en la actualidad en España unos 44.000 estudiantes de universidades públicas, sobre todo los que pretenden ejercer como abogados, profesores de secundaria o psicólogos. Los dos primeros se imparten en la Universidad de León. La reducción pactada supondrá rebajar las tasas de los másteres habilitantes aproximadamente en un 30%, hasta dejar su precio medio en 935 euros por matrícula, lo que supone un descenso de más de 400 euros sobre su coste medio actual, que es de unos 1.348,8 euros. Estos precios son solo orientativos, pues en la actualidad existe una gran disparidad de tarifas entre las distintas autonomías, con las universidades de Castilla y León con una matrícula media unos 1.200 euros más cara que la de Galicia.

La reducción pactada hoy para los precios de los másteres habilitantes se producirá en paralelo con la ya acordada hace casi un año, en mayo de 2020, cuando se aprobó que todas las universidades públicas bajarían, también con el curso 2022-23 como fecha límite, sus precios máximos de primeras matrículas de grado hasta los que tenían en el curso 2011-12. Los dejarán como los tenían justo antes de que las tarifas se disparasen con el tasazo aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, su fórmula para compensar vía renta de las familia el recorte de transferencias públicas para financiar los centros de estudios superiores, que llegó hasta el 20%.

Coste de 10,5 millones El Ministerio de Universidades, que es quien ha defendido con éxito la propuesta en Consejo General de Política Universitaria, calcula que las autonomías tendrán que aportar a sus universidades unos 10,5 millones de euros anuales para compensar la reducción de ingresos que sufrirán por el recorte de tasas de los másteres habilitantes.