lunes 28/9/20
El Gobierno autonómico en León (1 de 12)

«Mejoraremos las deducciones y desgravaciones en el mundo rural, queremos dar ejemplo al Gobierno»

Carlos Fernández Carriedo se somete a las preguntas de los redactores del Diario de León como estreno de la serie de encuentros en los que el decano de la prensa leonesa hará un repaso a todos los integrantes del gobierno autonómico
Carlos Fernández Carriedo, durante la entrevista con Diario de León. RAMIRO
Carlos Fernández Carriedo, durante la entrevista con Diario de León. RAMIRO

Ha sido consejero de tantas cosas que por sí solo podría representa medio gobierno autonómico. Por eso, Carlos Fernández Carriedo (Monzón de Campos, Palencia, 1963) dirige ahora Economía y Hacienda. No es poco, como repasa al abrir la carpeta en la que trae los datos que sustentan su discurso.

—En pleno auge del regionalismo leonés, ¿qué opina sobre este movimiento estimulado por el alcalde de León? Y por otro lado, ¿cómo es compatible esa sensación de agravio con los mensajes que la Junta viene reiterando desde hace décadas sobre que León es una de las provincias donde más invierte año a año?

—Lo primero de todo es que nosotros nos tenemos que dedicar a cuidar la calidad de vida de las personas y eso es el elemento fundamental de la Junta. Por tanto nos vamos a centrar en lo que nos hemos centrado y es prestar servicios públicos de calidad, y de eso se está beneficiando León. Porque cuando hablamos de servicios de calidad en educación o en servicios sociales y somos los primeros de España, León también es primero de España. Por tanto yo creo que lo que esperan los leoneses es que cada administración pública ayude a que su vida y sus oportunidades mejoren. Y por tanto yo creo que vamos a tener que evitar debates que en gran medida sólo interesan a algunos políticos para centrarnos en lo que interesa a toda la sociedad, que es que los servicios que les damos sean de más calidad y equidad y que ayudemos a que estos riesgos que tenemos encima de la mesa, como la desaceleración económica, tengan el menor impacto posible o hagamos lo que hemos hecho siempre con la provincia de León, que es estar presentes cuando ha habido problemas y dificultades. Somos muy conscientes de que León tiene problemas serios y algunos son específicos de esta provincia y que estos problemas se han unido en los últimos años a una crisis económica y a una recesión que generó mucha desafección entre los ciudadanos. En el caso concreto de León, a esa crisis general se ha unido la desaparición de la minería. No podemos olvidar que León y el norte de Palencia ya no van a tener 14.000 empleos vinculados a la minería del carbón. Que nuestra comunidad autónoma tenía cuatro térmicas funcionado, tres de ellas en León, con cientos y miles de trabajadores y hoy no funcionan, pero lo que nadie puede poner en duda es que cada vez que ha habido un problema en León hemos estado con los intereses de los leoneses; que cuando las minas se cerraron nosotros siempre hemos defendido su continuidad. Han sido el Gobierno de la nación quien ha tomado estas cuestiones. Cuando ha habido crisis empresariales como la de Vestas ahí ha estado la Junta apoyando y buscando iniciativas. Somos conocedores de estos problemas, pero lo que esperan de nosotros los leoneses es que respetemos la opinión de cada uno y que, a la vez, ayudemos a que los servicios públicos y las oportunidades sean los mejores posibles.

—Ha anunciado en las Cortes planes de reequilibrio territorial y se supone que ya tiene un borrador de los Presupuestos. ¿Cómo sale parado León en estas cuentas?

—Nosotros nos hemos volcado siempre con León porque León tenía dificultades específicas que había que atender y lo hemos hecho. Y en segundo lugar, ese plan de reequilibrio territorial se basa en unos instrumentos que son los planes territoriales de Fomento, que son planes que buscan la aparición de nuevas actividades productivas y en este momento tenemos en nuestra comunidad seis, de los cuales dos de ellos tienen como destino la provincia de León: el plan territorial que dio lugar al plan de cuencas mineras y el plan territorial de Villadangos del Páramo, que precisamente ha generado un elemento muy notable de actividad, también en este caso vinculado a la desaparición de Vestas.

—¿Pero se sabe ya la cifra concreta del presupuesto provincializado que tendrá León en 2020?

—No lo tenemos cerrado, pero más allá de las inversiones concretas, los leoneses se benefician de muchas decisiones que toma la Junta. Cuando alguien aprueba un presupuesto siempre llaman más la atención las inversiones, pero no podemos olvidar que este año nosotros vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres, hijos y cónyuges y esto es un elemento presupuestario que genera más recursos en manos de los leoneses y también lógicamente que el mayor destino de los recursos de la Junta son los servicios públicos. León es una de las áreas más beneficiadas en términos de gasto relativo a la prestación de esos servicios.

—¿Hay margen para más rebajas fiscales?

—Éste es el primero que hemos hecho y a lo largo de la legislatura haremos alguno más que se centrará fundamentalmente en el apoyo al mundo rural. Queremos darle un tratamiento especial porque nos parece importante que esto tenga una perspectiva que partiera del ámbito nacional, pero queremos comenzar dando un ejemplo. Iremos mejorando las deducciones y desgravaciones fiscales que tenemos cuando por ejemplo una vivienda se transfiere del ámbito rural por parte de un joven, o como por ejemplo cuando se hace una inversión concreta en el mundo rural. Debería hacerse también en España y esta experiencia es la que debería seguir el Gobierno de España, que tenga también elementos diferenciales para el mundo rural. Iría desde la adquisición de la vivienda hasta las transmisiones de procesos productivo. Estoy pensando que nosotros hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges, pero sería razonable que cuando se transfieren elementos patrimoniales vinculados a una actividad productiva, por ejemplo unas tierras a sobrinos, que eso se da mucho en el mundo rural, también podamos tener un elemento especial de tratamiento fiscal porque lo que estamos garantizando con ello también es la transmisión de una actividad productiva y que no se ponga en riesgo que a través de la transmisión desaparezca esa actividad generadora de empleo.

—27.604 asalariados con menos de 35 años han desaparecido del mapa en León. ¿Qué mensaje tiene para todos esos talentos que tienen que irse de esta tierra para buscarse la vida?

—Llevamos varios años en Castilla y León y en León donde estamos generando puestos de trabajo. Es verdad que el cómputo general es negativo porque hemos atravesado dos etapas muy diferenciadas en los últimos años: una que fue desde 2007 hasta el 2013, muy intensa en destrucción de empleo, una intensa recesión económica en la que perdimos actividad, perdimos empleo, ocupados y aumentó el paro. Y desde el año 13 hasta el año 19 estamos en la etapa inversa: venimos creciendo de manera sostenida y continuada y se está creando empleo y aumentando el número de ocupados. También en la provincia de León. El balance final de doce años es que todavía hoy no hemos recuperado el nivel que teníamos antes del inicio de la crisis y por tanto deberíamos mantener más en el tiempo ese crecimiento económico para alcanzar el nivel que tuvimos previo a la crisis económica. Tenemos menos empleo que antes de la crisis, hemos recuperado las dos terceras partes de lo que perdimos. Si hacemos un balance de estos últimos cinco años, la última EPA del tercer trimestre del 19 comparado con el tercer trimestre del 14 comprobaríamos que en León hay hoy menos parados, pero esa bajada del paro se debe al aumento de la ocupación en contra de lo que puede parecer. El mismo volumen que se ha bajado el paro es prácticamente el mismo volumen que se ha incrementado de ocupados.

—Pero insistimos, ¿cuál es su mensaje para todos esos jóvenes? ¿Hay algún plan de retorno previsto?

—Los últimos cinco años han pasado de 48.000 a 26.000, es decir, se ha reducido de una forma muy importante, y el número de ocupados ha pasado de 166.000 a 184.000.

—En todo caso hay una pequeña trampa en esos datos puesto que hay menos población activa.

—Es menos que hace diez años, pero la hemos mantenido en los últimos cinco: de 214.000 a 212.000. Respecto a los jóvenes, dos elementos. En cuanto a la población activa, en España ha envejecido, se está dando una paradoja como consecuencia de las pirámides de población. Cada vez tenemos más personas ocupadas de más de 55 años. Quiere eso decir que aunque incrementemos el número de ocupados se está dando la circunstancia de que el número de jóvenes que trabajan no está creciendo, porque personas que hace diez años tenían 25 años hoy ya no son jóvenes y, sin embargo, los que se vienen incorporando al mundo del trabajo son menos. Es decir, que la respuesta es que aunque aparentemente se dé el hecho objetivo de la disminución de número de jóvenes ocupados no se debe a que estos jóvenes desaparezcan del mercado de trabajo, sino que una parte de ellos dejan de ser jóvenes y pasan a una edad madura. Pero tenemos que hacer esfuerzos por retener y atraer población joven. Ya en estos últimos dos años tenemos un saldo migratorio positivo, viene más gente de la que se va, pero la natalidad está en niveles absolutamente reducidos. Nuestro problema demográfico no es tanto de la gente que se va, sino de las tasas de natalidad tan bajas que tenemos. Es tan reducida que no llega a compensar ni de lejos el número de defunciones, por lo tanto tenemos un crecimiento vegetativo muy negativo. En parte se compensa con el saldo migratorio, pero sólo en parte. Nuestra idea tiene que ser fomentar el retorno de mucha gente que se fue en épocas precedentes. ¿Cómo? Hay ayudas directas a este retorno. Nosotros estamos dando una ayuda especial y subvenciones a emigrantes retornados que tienen que ver con el traslado de la mudanza, que supone hasta 3.000 euros del coste de esas actividades. En segundo lugar damos subvenciones cuando hay un contrato de trabajo para un emigrante retornado; se dan 1.000 euros adicionales. Estamos dando cantidades complementarias para los que deciden retornar. Pero lo fundamental que podemos hacer es favorecer un escenario de crecimiento económico. Es el reto que tenemos por delante. En los últimos años se han creado en León 20.000 puestos de trabajo, la cifra de paro ha bajado del 23% al 12% y éste es el reto que tenemos que seguir en los últimos años. Ahora hay una indefinición en España en términos de si somos capaces de mantener este crecimiento.

—El panorama social y laboral ha cambiado mucho desde la reforma laboral que hizo Rajoy. ¿Es momento de hacer cambios?

—Sería un error volver a las políticas que nos metieron en la crisis. No solamente hablamos de puntos concretos de la reforma laboral. Puede ser razonable que una reforma que se aprobó en el año 12, en el 20 haya condiciones que lleven a mejoras. Nadie se va a negar a pensar que las cosas son inamovibles y ocho años después no se puede pensar que las cosas son iguales. Lo que sería grave es cambiar todas las reformas que nos llevaron a la recuperación. Y ahí hablo en materia de impuestos, de política industrial, de apoyo a las empresas...

—Ahora habrá una subida del SMI. Si ya se dice que implicó la pérdida de 40.000 puestos de trabajo, ahora se traducirá en más pérdida de empleo...

—Yo soy partidario de subir los sueldos. Pero el mecanismo para subirlos no es el desacuerdo, sino el crecimiento económico. Y qué política podemos hacer para que las retribuciones vayan creciendo: pues crecimiento económico. Igual pasa para las empresas y las administraciones públicas. Estoy convencido que cuando Zapatero bajó un 5% el sueldo a los empleados públicos no lo hizo para fastidiarles, sino porque estábamos en una fase de recesión económica. Y ahora llevamos unos años con crecimiento económico que se está traduciendo en mejora de salarios. El ministro Montoro pactó un escenario de mejora de salarios que llegaba hasta este año 2020 y que supuso el año pasado una subida del 2,4% y este año un 2%. Esta es la base para la creación de empleo y la subida de salarios. Toda política que piense que hay que subir los salarios por decreto y no por la capacidad de la economía es una subida que se asienta en bases muy endebles. El mayor riesgo para los salarios es que dejemos de crecer.

—¿Cuándo trasladará la Comunidad el aumento salarial de los empleados públicos que acaba de aprobar el Gobierno, y en qué punto está la negociación sobre la implantación de las 35 horas semanales y la carrera laboral?

—La subida salarial se aplicará con carácter inmediato, los empleados públicos han vivido una época muy intensa de pérdida de derechos y de sueldo que ahora estamos recuperando progresivamente. Ahora tenemos encima de la mesa un calendario de actividades que incluye la carrera profesional y el siguiente reto es aplicar la jornada de 35 horas. Eso tiene un coste fundamentalmente en los servicios públicos que presta la Junta, en el plano administrativo se trata de adaptar el horario de oficinas, pero en áreas como sanidad, educación y servicios sociales hemos calculado que implantar la medida tiene un coste de 120 millones de euros anuales. Es un cambio que hay que afrontar desde el diálogo social, hicimos una propuesta a los empleados públicos para aplicar esta medida, que ellos querían que ya estuviera implantada, pero nuestros esfuerzos presupuestarios están yendo a otras prioridades. Llegaremos a un acuerdo, aunque con las elecciones sindicales en marzo quizá no sea el momento más adecuado para llegar a acuerdos.

—¿Quiere decir que no va a haber ningún avance antes de ese mes?

—Va a ser difícil, las organizaciones sindicales estarán centradas en sus elecciones.

—¿Cuáles son las principales exigencias que va a plantear de cara al sistema de financiación autonómica?

—Lo primero que se nos pague lo que se nos debe. La ministra ya me ha dicho que no está en sus previsiones pagar la parte del IVA que debe a las autonomías, que en el caso de Castilla y León son 142 millones de euros. El Gobierno ha utilizado ese dinero para financiar sus competencias, y en vez de transferir dinero a las autonomías está trasladándonos déficit. Porque seguimos prestando los servicios sin recibir los fondos. Nuestra argumentación fundamental de cara a la negociación de la financiación autonómica es que es claramente insuficiente para Castilla y León, y que el modelo, establecido en 2009, en plena recesión, no se ajusta al escenario actual. El reparto tiene que tener en cuenta la situación territorial y el coste de llevar los servicios a los habitantes, no vale hablar tanto del reto demográfico si no se traduce en fondos para financiar los servicios esenciales. Esa tiene que ser la parte fundamental del nuevo modelo de financiación.

—Hablaba de la financiación autonómica. En León, la Diputación paga 20 millones por servicios que son competencias de la Junta y que, en algunos casos, ni siquiera se prestan en la provincia. ¿Es necesaria mejorar esta financiación?

—Sí.

—¿Se va a llevar a cabo?

—Hemos pedido que la financiación local, que está igual de abandonada que la autonómica, se aborde a la vez y haya una negociación en paralelo.

—Pero ¿cómo pueden ayudar a la Diputación, que lleva muchos años reclamándoles que asuman en ese gasto?

—Hay que sentarse, verlo desde el diálogo y ver cuáles son las competencias de cada uno. Muchas de las competencias que tenemos las administraciones las hemos asumido cada una sin consultar a los demás. Hay que ponerlas en común. Estamos en disposición de querer trabajar conjuntamente. Tenemos conciertos de plazas con varias administraciones públicas e, incluso, no hay que olvidar que el mecanismo de ayudas de dependencia acaban derivando en que estas personas están en residencias de las corporaciones con recurso de la Junta. Prefiero pensar en clave de qué podemos hacer en común que en clave de dividir cuáles son las competencias de cada uno. En el ámbito de los servicios sociales si algo identifica a nuestra comunidad, y por el cual tenemos la mejor nota de España en gestión de la dependencia, es por esta colaboración entre las administraciones locales y la Junta y entre lo público y lo privado. No somos excluyentes del tercer sector, sino que lo reconocemos, y tampoco de que todo lo tenga que hacer la Junta. Este acuerdo marco que se ha firmado y que supone muchos recursos para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones parte de esa idea básica de colaborar. Los datos al final nos dan la razón.

—La Junta insiste en su política de rebaja del suelo industrial, ¿llegan así más empresas?

—Desde diciembre la rebaja media del precio ha sido del 25% en la autonomía, adicional a las anteriores rebajas. En el caso de León la media de rebaja es del 47%, por la rebaja en Villadangos y Cubillos del Sil, que tienen planes de promoción territorial. Esa facilidad para adquirir los terrenos, que supone para las empresas un ahorro conjunto de 223 millones, se complementa con una línea de ayuda a la compra de 10 millones en créditos blandos. Y, sobre todo, una carencia de dos años en los créditos, que permite a las empresas dedicar ese dinero a la puesta en marcha de la actividad. Algunas empresas retrasaron su decisión de invertir ante la ralentización económica, con lo que se corre el peligro de que al final la inversión no se realice. Estos incentivos van a animar a muchos empresarios.

—¿Cómo va el acuerdo con el Gobierno para desarrollar el ramal ferroviario en Villadangos, y el plan estratégico para impulsar la zona?

—En la comisión de seguimiento del plan nos estamos reuniendo con asiduidad, yo he estado varias veces en León y desde la Junta estamos acelerando sobremanera los trámites y ayudas para que el proyecto sea una realidad. La parte de la Junta va francamente muy bien, en los plazos establecidos. Tenemos que ser vigilantes y exigentes para que el Gobierno cumpla también la suya.

—Los compromisos de NSR van retrasados, a estas alturas ya tendrían que estar contratados más de 300 trabajadores.

—Es cuestión de muy poco tiempo que la empresa empiece a funcionar, pero eso lo tienen que decir ellos. Las fases de obra civil están hechas, y la maquinaria adquirida. No dudo en modo alguno del compromiso muy claro que tiene NSR con su inversión en Villadangos y su interés en que se lleve a cabo con la máxima celeridad posible.

—¿El impulso a Villadangos qué implica para Torneros?

—No son desarrollos excluyentes, aunque es verdad que ahora dos polígonos muy próximos a León son casos de éxito, están prácticamente llenos. Villadangos está en la fase final de venta de parcelas y el Parque Tecnológico de León también suscribiendo sus últimos acuerdos de venta. Eso es muy positivo, implica que fue un acierto ponerlos en marcha y que las políticas para la instalación de empresas funcionan. Los planes son ampliar ambos polígonos, el de Villadangos es un proyecto que depende íntegramente de la Junta y el Parque Tecnológico se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de León, al que corresponde la disposición de los terrenos y la calificación urbanística. La Junta asumiría la urbanización y la promoción. El futuro pasa por la ampliación y por seguir creciendo.

—La ampliación del Parque Tecnológico se aprobó en las Cortes en 2016, pero no se ha avanzado. Y las empresas se van porque no tienen sitio.

—Para llevarla a cabo falta la primera parte, que el Ayuntamiento de León ponga a disposición el suelo adecuadamente calificado desde el punto de vista urbanístico. Espero que el Ayuntamiento sea ágil, la Junta está deseándolo, tenemos todo previsto para ejecutar la urbanización en el momento en el que esto se produzca.

«Mejoraremos las deducciones y desgravaciones en el mundo rural, queremos dar ejemplo...