Mercantil se enfrenta a un aluvión de demandas por el cartel de camiones

Tres sentencias pionera del Juzgado de Primera Instancia número 8 de León (Mercantil) que condenan a una compañía fabricante de camiones a devolver cerca de 165.000 euros a tres empresarios leoneses por haber sido víctima de un pacto entre las firmas del sector para fijar precios y evitar la competencia, generará un aluvión de demandas en cascada en la sala, a tenor de los movimientos de los últimos días.

Sólo el despacho de Juan Muñiz Bernuy e Iván San Primitivo, socios de Asesores Jurídicos Muñiz Bernuy (el único bufete que ha ganado las primeras sentencias en el juzgado de León), tramita en la actualidad las demandas de los 80 primeros empresarios afectados en la provincia (60 de ellos miembros de Altradime), por la adquisición de 400 camiones.  

No hay solo transportistas, también está implicado el sector de la construcción. Se cuentan por millares los casos que pueden acogerse a la doctrina que sienta el magistrado Pablo Arraiza con su sentencia, que aún debe de refrendar la Audiencia Provincial de León. Teóricamente, será la Sección Primera de León la que determine el criterio de los casos de la provincia. Podría darse el caso de que llegara la causa al Tribunal Supremo, no por la cuantía (no alcanza los 600.000 euros) sino por la posibilidad de que se produzcan sentencias de sentido contradictorio que necesiten ser sometidas a casación. Dependerá de los recursos presentados ante la Audiencia de La Rioja, Barcelona o Pontevedra, entre otras.  

Todos los camiones adquiridos entre 1997 y 2011 pueden estar sujetos a estas irregularidades. Es necesario que los propietarios dispongan de la documentación.  

No había ninguna otra demanda admitida a trámite hasta hace diez días salvo las presentadas por el mencionado gabinete jurídico leonés. Los demás afectados leoneses permanecían hasta ahora a la espera de que se sentenciaran los primeros casos.  

Hubo una larga batalla legal sobre la competencia de los juzgados leoneses para dirimir los casos de León, que en principio se pretendió fueran juzgados en capitales europeas o en Madrid. Finalmente, el Juzgado de lo Mercantil se declaró objetiva y territorialmente competente para conocer de estos asuntos .  

Las empresas demandadas llegaron a alegar la falta de legitimación activa de los demandantes. Luego se refugiaron en la falta de legitimación pasiva en sus casos. La sentencia desestima todas estas posturas y fija responsabilidades civiles que superan los 165.000 euros en las primeras sentencias.  

La Decisión de la Comisión, de fecha 19 de julio de 2016 remarca en el punto 1.3.3 que el sector de los camiones «se caracteriza por un alto grado de transparencia. Los destinatarios tuvieron acceso a datos pertinentes desde el punto de vista competitivo como los registros públicos de camiones. «Así accedían a las ofertas de los competidores para negociar precios a través de compras misteriosas».