La morosidad de los habitantes del medio rural roza los 15 M€ por impago de tributos

La deuda de los vecinos del área rural con sus ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidades no logra reducirse, a pesar de la creciente sangría poblacional y el éxodo que vacía los pueblos. El impago de recibos —con las tasas e impuestos a los que deben hacer frente— genera miles de impagos y la morosidad roza los 15 millones de euros (300.000 más, incluso, que en 2017), según refleja el resumen de las cuentas anuales de la gestión recaudatoria de la Diputación, institución encargada de realizar las labores de gestión y cobro de los recibos. Paralelamente, el informe de 2018 también constata un alza en los ingresos totales por el cobro de tributos que supera los tres millones de euros, fundamentalmente por los coletazos del ‘catastrazo’, con el consiguiente aumento en la recaudación del IBI urbano por las últimas inspecciones incorporadas a los padrones municipales, y las entradas de fondos desde la propia institución provincial por la suma progresiva de la gestión de tasas y precios públicos de servicios que presta la propia casa. De esta manera, los ingresos se acercaron en su conjunto el pasado año a los 95,5 millones, frente a los 92,2 de 2017.

A pesar de la fuerte morosidad, la Diputación consiguió alcanzar su porcentaje récord de recaudación por cobro de tributos en voluntaria, con un porcentaje del 92%, mientras que el de la gestión total (incluye bajas y la recaudación de liquidaciones) se situó en el 90%. Ya en la vía ejecutiva, el porcentaje baja hasta algo menos del 50% y la total registra un 84,4%.

La morosidad de los vecinos con los 206 municipios (todos los de la provincia a excepción de la capital, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre y Bembibre), 22 mancomunidades, el consorcio del Polígono de León y más de 70 juntas vecinales, roza los 15 millones, incluidos los recibos impagados heredados de ejercicios pasados, los valores pendientes de cobro de 2018 y restados tres millones en bajas (en voluntaria y ejecutiva).

Para tratar de cobrar a los morosos, la Diputación lanzó un total de 104.372 embargos, de los que realmente ejecutó 9.289 y pudo recuperar algo más de 900.000 euros (63.000 menos que en 2017 cuando sumó 9.797). Tal y como reflejan las cifras, un elevado porcentaje no llegan a materializarse porque, por ejemplo, en los embargos de cuentas corrientes no se encuentran fondos o ya están cerradas, y en el caso de salarios y pensiones, por ser el importe requerido menor al mínimo embargable, o bien, por no encontrarse ya activo laboralmente el moroso, además de que puede tener activos al mismo tiempo varios embargos. En este último caso, la institución provincial se ve obligada a guardar su turno para poder cobrar frente a otras instituciones o entidades financieras que esperaban anteriormente.

La Diputación cobra el 3,5% del importe total de cada recibo por su gestión y cobro, más otros incentivos en esta labor como el 50% (recargos e intereses) o un 0,25% a mayores en el caso de que el padrón de un ‘cliente’ pueda cobrarse el 90% en voluntaria. Los ingresos anuales de las arcas del Palacio de los Guzmanes por el desempeño de esta labor para el medio rural se acercan a los cuatro millones de euros