Ningún dron profesional ha podido volar aún sobre la ciudad por la dureza de la ley

El año arrancó con la esperanza de los operadores de drones o RPAS, después de que el Gobierno sacara adelante una nueva normativa con la que se ampliaban las posibilidades de uso de estos vehículos controlados remotamente con dos claras novedades: vuelos nocturnos y vuelos sobre núcleos urbanos. De momento, en la provincia de León la compleja burocracia que exige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) ha impedido que alguno de los 46 operadores que cuentan con licencia realicen alguna de estas operaciones, que con la regulación aprobada el último día del 2017 dio alas al sector.

Desde Aesa remarcan que, de hecho, no se ha concedido ningún vuelo nocturno ni sobre ciudad alguna a nivel nacional e inciden en que todo está condicionado por la «alta seguridad» que requieren este tipo de escenarios. «Los requisitos son mayores porque pones en riesgo a terceros», añaden fuentes de la agencia nacional. «La normativa es muy compleja, se trata de un sector muy regulado y volar de noche o sobre una ciudad no dejan de ser operaciones aeronáuticas y los operadores no vienen de este sector, por lo que para ellos es mucho más complejo adaptarse a esta normativa», inciden para añadir que Aesa ha creado grupos de trabajo para desarrollar guías y materiales que ayuden a los operadores de drones a cumplir con todos los trámites y hacerles más sencillo el proceso, pero que de momento no están finalizados.

Esperanzas cortadas

«Necesitas un estudio de seguridad, contactar con el ministerio y hay que sacar un curso de radiofonista para poder contactar con la torre de control del Aeropuerto de León, porque es una zona de seguridad», resume desde Leondron y Leonavia Bernardo Ayet, quien cifra en que el 98% de las operaciones que se han solicitado desde la provincia desde inicios de año han recibido el veto de Aesa, es decir, tan sólo se ha seguido dando luz verde a los vuelos experimentales de RPAS o en zonas abiertas para realizar trabajos, por ejemplo, vinculados a las mediciones fotográficas, la agricultura o las imágenes. A todo ello, suma el retraso del visto bueno a la operación, que puede llegar a demorarse hasta seis meses.

Las amplias posibilidades que abre el uso de drones, por ejemplo, para detectar fallos en fachadas o tejados, por lo tanto queda completamente limitada, así como el uso de estos aparatos tripulados remotamente para tomar imágenes en el marco de la ciudad. «Estamos presionando al Gobierno porque aunque esté todo en regla no podemos llevar a cabo operaciones y ahora estamos perdiendo clientes y dinero. El sector de los drones puede crear muchos puestos de trabajo y generar riqueza, pero de momento está todo frenado», remata Ayet.

La esperanza que dio la nueva normativa a los operadores profesionales de drones —que tienen que realizar cursos y certificarse como pilotos ante Aesa— ha provocado que en tan sólo seis meses, diez nuevos leoneses hayan decidido subirse al carro de este nuevo sector cumpliendo los requisitos legales para figurar en el registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, encargada también del ámbito de los drones. Desde 2014, cuando se comenzó a regular el uso de drones profesionales en España, en la provincia de León se han dado de alta en Aesa como operadores 46 personas —cerca de cuatro mil a nivel nacional—, a pesar de que durante los tres últimos años la normativa era transitoria y reducía muchos los escenarios en los que trabajar con los RPAS.

Pese a todo, el Gobierno ya ha avanzado que los drones se sumarán a la campaña de verano para el control de las carreteras y, a mayores, el Grosa, la unidad de RPAS del Ejército de Tierra, con sede en la base Conde de Gazola de Ferral, lleva ya dos años colaborando con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la campaña antiincendios de la provincia de León —principalmente en la comarca del Bierzo—, lo que demuestra parte de las posibilidades que ofrecen estos aparatos tripulados remotamente en la actualidad.