La nueva FP dual estrecha lazos con las empresas para crear empleo

El Gobierno dio luz verde ayer al anteproyecto de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, cuya piedra angular será la conexión con el mundo de la empresa. La iniciativa concederá más competencias a las entidades empresariales para participar en el diseño de los cursos y en la evaluación de los alumnos.

La norma, que aspira a suscitar el consenso de patronal, sindicatos, partidos políticos y comunidades autónomas, pretende ayudar a modernizar la economía y resolver el exorbitante paro juvenil, que entre los menores de 25 años escala a un 35%.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, subrayó que es imperioso dotar a los jóvenes de un empleo digno y de calidad, y subrayó que estudiantes que apuestan por la FP sufren «seis veces menos paro» que los demás.

El texto, que ha obtenido el visto bueno del Ejecutivo, trata de disolver la separación existente entre la FP que se imparte en los centros escolares y la que se adquiere en los centros de trabajo, ámbitos que tradicionalmente han estado incomunicados. En este sentido, el proyecto prevé un sistema dual, con una formación de carácter general que se adquiere en un 25-35% en la empresa, y otra intensiva, que estará dotada de una carga lectiva en los centros de trabajo de entre el 35 y un límite máximo que no se específica. Las prácticas, eso sí, serán siempre remuneradas.

La ley, que ahora pasará a debatirse en el parlamento, prevé la creación de un tutor de empresa que examinará una parte de los conocimientos del alumno. Asimismo, el proyecto contempla la integración de todas las modalidades de la FP y la posibilidad de realizar cursos de menor duración que los actuales.

Contará con un «impacto presupuestario» de 5.474,78 millones de euros durante su implantación en cuatro años. Para prestigiar a la que era hermana pobre del sistema educativo, el Gobierno ha financiado la creación de 120.000 nuevas plazas de FP, número que ascenderá a 200.000 en 2023. Este impulso se tradujo el curso pasado en un incremento de las matrículas en Formación Profesional del 9,5%. El proyecto pretende que los alumnos matriculados en la FP superior puedan cursar materias optativas en las facultades, y al revés, de manera que los dos ámbitos se conviertan en vasos comunicantes.

La norma intentará contribuir a atenuar las disfuncionalidades del mercado laboral. España cuenta con muchos trabajadores con estudios universitarios, frecuentemente sobrecualificados, y un elevado número de empleos que requieren escasa preparación. En medio de estas dos realidades, el sistema adolece de falta de perfiles con cualificaciones intermedias, circunstancia que hace que las empresas topen con dificultades para cubrir esos puestos, toda una paradoja en un mercado laboral cuya tasa de paro es el doble que la media europea.