Diario de León

Nuevo inconveniente

Hacienda suspende de forma cautelar la contratación de la urbanización del área de Feve

El tribunal de contratos suspende de forma cautelar el procedimiento iniciado tras más de tres años de paralización

Los materiales sobrantes de la obra de integración se almacenan en mitad del sector, junto al paso de los peatones. RAMIRO

Los materiales sobrantes de la obra de integración se almacenan en mitad del sector, junto al paso de los peatones. RAMIRO

León

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Cuando ya había entrado en vía de contratación, de repente vuelve a surgir un inconveniente. El procedimiento para contratar las obras de urbanización del sector de la estación de Feve en la capital leonesa se suspende de manera cautelar. La acción responde al recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción. La reclamación del colectivo, que advierte de la irregularidad de una de las cláusulas del pliego de condiciones, ha sido atendida desde el Tribunal Central de Recursos Contractuales. Como se explica en la resolución, de momento se procede a paralizar de manera provisional la apertura de los sobres con las ofertas técnica y económica, que estaba prevista para el 20 de julio. No hay modificación por ahora, como se reseña en la comunicación oficial, en el plazo de presentación de ofertas, que venció el día 14 de junio. Pero por el momento, a la espera de que resuelva sobre el fondo el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, queda en el aire el inicio de los trabajos sobre el terreno, que se había emplazado para finales de este año, y el estreno, marcado para el otoño de 2022.

Provisional
El Tribunal Central de Recursos Contractuales debe resolver ahora sobre el fondo del recurso

El recurso de la Confederación Nacional de la Construcción pone un incidente más en el camino de la urbanización de la estación de Feve en la capital leonesa. Después de que se salvaran más de tres años de paralización encubierta por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que mantuvo el proyecto guardado en el cajón con sucesivas excusas sobre la tramitación administrativa, el obstáculo se coloca ahora en el procedimiento previsto para un contrato de 3.631.166,25 euros, IVA incluido. Sobre este tipo de licitación máximo se fija la ejecución de las labores para convertir el sector en una zona urbanizada, en lugar de mantenerlo como una escollera. Los más de 10.000 metros cuadrados a los que afecta la intervención siguen en una imagen de abandono desde que terminó la obra de integración en los albores de la primavera de 2018.

En precario

La traza ferroviaria y todo el entorno de la terminal se mantuvieron cerradas con vallas hasta que, de manera oficiosa, los ciudadanos decidieron apartarlas a un lado y empezar a utilizarlas. No han sido recibidas de manera oficial por el Ayuntamiento, que ha optado por mirar hacia otro lado, mientras en precario se da por abierto el espacio público.

Horizonte 2022
Las ofertas se iban a abrir el día 20 de julio y se preveía comenzar la obra antes de final de año

La situación se mantendrá en espera del avance de la contratación de la obra. El Tribunal Central de Recursos Contractuales debe resolver si la cláusula recurrida se ajuste a la ley. La confederación defiende que, de acuerdo a su planteamiento en los pliegos de condiciones, «obliga al contratista a aceptar que los precios nuevos finales a pagar por la administración, que se generen en el expediente de modificación, serán como máximo los recogidos en ‘la Base de precios de Adif y Adif-Alta Velocidad, vigente al momento de la publicación de la presente licitación’». Esta situación «es nula, o subsidiariamente anulable», defienden desde la organización estatal, que abunda en que «tanto la Ley de Contratos del Sector Público, como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, obligan a que exista contradicción en el expediente por el que se fijen los nuevos previos aplicables a un modificado de obras y a la previa audiencia del contratista en ese expediente contradictorio de modificación», a la vez que es precisa «la conformidad del contratista a los nuevos precios como condición necesaria para poder comenzar los trabajos correspondientes a las unidades modificadas». «Imponer al contratista los precios nuevos que resultan de la modificación obviando el procedimiento que al efecto establece la normativa legal y reglamentaria sobre contratos públicos conlleva la nulidad de la cláusula que así lo disponga», resuelven en el escrito aportado ante el ente dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

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