La tercera jornada del juicio por la pieza leonesa de la Operación Púnica sigue el mismo guion de las fechas anteriores. Lejos de entrar a valorar los hechos que se enjuician, el discurso se basa en demostrar que las prácticas que se someten ahora a debate judicial ya se habían puesto en marcha en el mandato de la desaparecida Isabel Carrasco.
El primero en pasar por el estrado ha sido el periodista madrileño Pepe Nevado, jefe de prensa de los ministerios de Transporte y Turismo en los años 80: "Tenía una pequeña empresa de comunicación. Me pusieron en contacto con la presidenta de la Diputación de León porque tenía conflictos informativos por acusaciones contra ella, que era una persona un poquito especial", explicó en referencia a Isabel Carrasco.
"Estaba enfrentada a casi todos los medios de León, le salpicaban ya asuntos nacionales y quería que le asesorase para ordenar su trabajo. No trabajaría con nadie que me ordenase ningunear esos asuntos", aseguró Nevado.
"Los periodistas acusaban y ella acusaba más", recordó. "Le dije que tenía que defenderse más y demandar menos. Había que bajar el souflée". Se fijaron dos facturas que sumaban cerca de 5.000 euros por los trabajos, que se facturaron a la Diputación.
"Pocos días después de que la asesinaran, no podría precisar si dos, tres o siete, me llamó Alejandro de Pedro" (el conseguidor) "para decirme que había que asesorar al sustituto de la presidenta", reseñó Nevado. "Me dijeron que no confiaban en la persona que tenían en prensa", dijo. "Soy asesor de comunicación, no de política" .
"Mandé una serie de recomendaciones por escrito, basadas en el sosiego y la confianza en las instituciones y los medios de comunicación", dijo. El asesor planteó posibles respuestas ante preguntas concretas. "También retoqué el discurso de investidura, que me llegó bastante hecho".
A Barazón le recomendó incidir en el mensaje de que Rajoy estaba sacando a España de la crisis y que desde León se debía apoyar esa labor: "Eso es asesoramiento de comunicación, no de política", respondió Nevado al letrado de Alonso Conesa, el exalcalde socialista de Cartagena.
"De la entrada de los presidentes de diputaciones se enteran como mucho en las provincias, si es que se enteran. Pero lo de León fue portada de informativos nacionales", aseveró. "Le propuse a Marcos cuatro o cinco jefes de prensa pero no quiso a ninguno", advirtió antes de analizar los perfiles de los dos presidentes: "Ella era más explosiva, él era más trabajador".
El siguiente testigo en declarar ha sido un agente de la Guardia Civil, autor de un informe explicando las irregularidades detectadas en la Diputación de León. "Había indicios de que las empresas de Alejandro de Pedro estaban haciendo trabajos de mejora de la imagen del presidente, no de trabajos para la institución".
El informe refleja conversaciones en las que se sugiere la aportación de dinero, "6.000 euros más en la primera y 20.000 más en la segunda para llegar a 38.000 que necesitaban", dijo el agente. Las facturas "ofrecían indicios de que con ellas se enmascaraban otros servicios al presidente de la Diputación".
La fiscal Carmen García-Cerdá ha sugerido la posibilidad de que se estuviesen modificando los contratos de la estación de San Isidro: "Hay muchos indicios de amaño", dijo el guardia.
En las conversaciones había referencias al interventor "que no podía estar presente en las negociaciones porque tenía intereses en la zona". Al guardia le llamó la atención una llamada de Alejandro de Pedro en la que tras una reunión con el interventor "le dijo a su padre que le acababan de adjudicar los contratos de dos cafeterías en San Isidro". También se hallaron referencias "al diputado de máxima confianza del presidente" del que se dice en la grabación de la llamada telefónica que está "al corriente de todo".
"Nevado tiene una participación clara y una función de asesoramiento evidente", según el agente, que contrapuso su versión a la facilitada por el aludido minutos antes. Las defensas volvieron a insistir en la falta de formación de los guardias en herramientas SEO.
"Aspiraba a ser presidente del PP de León", dedujo el agente del material obrante en las actuaciones, a preguntas de la letrada de Marcos Martínez. Interesada en conocer si la UCO realizó verificaciones en numerosas cuestiones, se encontró con una respuesta tajante: "En cualquier cao, era Pedro Vicente Sánchez quien daba el visto bueno final".
"No hay ninguna conversación en la que Marcos especifique modificaciones concretas en los pliegos de San Isidro", reconoció el investigador.
Al abogado de Jesús López le ha detallado que el informe en cuestión esta mañana se elaboró "antes de las detenciones". El memorando "habla mínimamente de la etapa de Isabel Carrasco" pero significa que estas prácticas "ya existían en aquella etapa anterior".
Especialmente significativo ha sido el interrogatorio de Juan Carlos Zatarain, abogado de Jesús López: "No hay escuchas directas en las que el interventor aparezca en primera persona", reconoció el guardia. "Siempre hablan de él otras personas de modo indirecto, pero es cierto que no hay una presencia personal constatada en estas conversaciones", señaló el miembro de la UCO.
Concretada la aseveración sobre el papel indirecto del interventor en la parte investigada en su informe, el letrado ha sido explícito: "No hay más preguntas, señoría".
Susana Martínez, periodista del gabinete de comunicación de la Diputación hasta 2014, recuerda haber visto "una vez" a Alejandro de Pedro, en junio de 2012: "Comentó algo de una reunión para posicionamiento en Internet".
"Isabel tenía un carácter fuerte y bastantes conflictos", reconoció la testigo. "No sabría decir cuándo comenzaron las reuniones con De Pedro". Las facturas de las empresas de Alejandro de Pedro "se pasaban a Pedro Vicente (Sánchez), yo nunca firmé ninguna".
Los banners "estaban puestos en los periódicos digitales, pero no era misión nuestra controlar si se publicaban en Salamanca y Valladolid porque no sabíamos qué contratos había". Respecto a la 'permisividad' del interventor con estas prácticas, sugerida por las fiscales, aseguró que desconocía los detalles.
La periodista Eva Alonso, integrante del gabinete de prensa de la Diputación en aquella época, ha abierto la sesión de tarde. En la misma línea que su compañera antecesora en la declaración, ha rechazado cualquier relación con los hechos: "Todo lo supervisaba el diputado coordinador (Pedro Vicente Sánchez)". Recibía los informes de reputación de Isabel Carrasco "y creo recordar que ojeé alguno de Marcos Martínez". Eran "muy similares". En el gabinete de prensa "no tramitábamos ningún tipo de contratación. Lo hacía Presidencia directamente".
Se le mostró un correo en el que Martínez Barazón solicitaba a De Pedro que neutralizase una noticia emitida por una radio local respecto a la problemática de los kilometrajes cobrados de forma supuestamente indebida por Carrasco: "Nosotras desde el gabinete de prensa nunca enviamos ningún comunicado para salir al paso de noticias de este tipo", explicó.
"Las facturas llegaban al gabinete de prensa porque eran anuncios y banners de prensa, pero no porque tuviésemos que gestionarlo nosotros. Entiendo que había un trabajo tedioso y alguien mandó que lo hiciéramos nosotros", subrayó. "No sé por qué no lo hacía Contratación, no tengo ni idea. No sé quién dio la orden".
Henar Bardón, secretaria de Presidencia de la Diputación, ha negado todo lo que se le ha preguntado. Excepto que vio a De Pedro en una reunión en la Diputación, el resto lo desconocía todo. No tuvo constancia de la supuesta trama, no sabía quiénes eran sus integrantes, nunca vio facturas, no recordaba de nada a las empresas implicadas, tampoco pasaba apenas llamadas del conseguidor a Martínez Barazón (constan en el sumario algunas) y tampoco entendía que fuera "un verdadero asesor". Así las cosas, la fiscal Teresa Gálvez tuvo que recordarle que en el juzgado de Instrucción se manifestó en sentido contrario.
Fue interrogado igualmente Francisco Javier Bueno, un trabajador de una de las empresas que elaboraba los trabajos de reputación para Alejandro de Pedro: "No me han coaccionado para que venga aquí a declarar, ni me han puesto un abogado a mi servicio de parte de uno de los investigados. Fui detenido, pero me pusieron en libertad y no va a influir para nada en mi testimonio", dijo.
