Diario de León

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La oposición noquea en el Congreso el uso de los remanentes municipales

Los ayuntamientos exigen poder utilizar su superávit y excedentes en la reactivación local

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Una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.

El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.

En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan sólo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.

Partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, y la CUP que suman en torno a 190 escaños, vienen anunciando su voto en contra. De hecho, alcaldes de hasta nueve formaciones políticas distintas se unieron ayer para aprobar una declaración conjunta de rechazo al decreto ley. En el caso concreto del PP, grupo con 88 diputados, se refirieron con dureza al acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, e incluso han amenazado con llevarlo a los tribunales. Asimismo reiteraron que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit.

Ya en la Junta de Portavoces y en la reunión de Gobierno de la Femp se mostraron muy críticos con la primera propuesta de Hacienda, algo que se acrecentó cuando finalmente el acuerdo se aprobó el pasado lunes. Varios dirigentes populares hablan incluso de «robo» a las entidades locales por parte del Ejecutivo central.

También Vox, que cuenta con 52 diputados en el Congreso, ha reprochado al Gobierno central y, más concretamente al PSOE, lo que consideran que se trata de una «rendición» de los excedentes de tesorería. El portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la formación ‘socialista’ ha dado «un tirón de orejas» a Caballero respecto a lo que defendía en la comisión de reconstrucción hace apenas dos meses. Por su parte, Ciudadanos, que ya votó en contra en la junta de Gobierno de la FEMP, también ha rechazado frontalmente el acuerdo.

En el caso de ERC y Junts, que suman 21 diputados, también se han posicionado en contra del acuerdo y han arremetido contra el Ejecutivo central porque consideran que este documento de Hacienda va contra el municipalismo. Por su parte, el PNV anunció también que votará en contra porque considera que el decreto no va en la línea del Concierto Económico porque «no respeta la especificidad foral».

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