Los padres de la víctima del crimen de Nava no quieren que se manche la imagen de su hija

Los padres de Rocío Fernández Amejeiras, la joven desaparecida a finales de mayo de 2005 y cuyo cadáver fue hallado en un vertedero de Navatejera  en junio del mismo año, han lamentado el archivo provisional de la causa, al no haber "indicios suficientes" como para imputar a los investigados, pero, sobre todo, han denunciado un auto de sobreseimiento provisional que "ensucia" el nombre de su hija.

"Quieren manchar su imagen", ha aseverado a Efe Florinda que lleva, junto a su marido, Baldomero, "casi 15 años dándoles mil vueltas a la cabeza" sin llegar a "entender nada".

Los mismos que se han cumplido del asesinato de la joven Sheila Barrero, en el alto de La Collada, en la carretera que une Degaña (Asturias) con la provincia de León.

Un "cúmulo de despropósitos" denunciados desde el primer momento cuando al levantamiento del cadáver, hallado el 7 de junio de 2005 en "avanzado estado de putrefacción", no se personó juez alguno.

Ahora la jueza justifica su decisión en que "las diligencias practicadas con posterioridad no arrojan alguna luz a la instrucción" y abre la puerta a otras hipótesis.

"Ni siquiera aparece debidamente justificada la perpetración del delito de homicidio doloso que ha dado motivo a la formación de la causa, dado que el informe médico-forense concluye que se trata de una probable muerte violenta, pero no excluye la posibilidad de una muerte accidental o incluso natural que motivase a quienes lo presenciasen a desvincularse del cuerpo por miedo a verse responsabilizados de la misma", señala el auto.

Sobre todo, según remarca, "si ésta hubiera ocurrido en una situación susceptible de reproche penal, social o moral en la que Rocío se encontrase participando o simplemente observando, como podría ser, a título de ejemplo, un suicidio, un aborto espontáneo o provocado, una sobredosis por consumo ocasional de drogas, o incluso una muerte súbita o causada por la existencia de alguna patología previa no diagnosticada".

"¿Por qué a mi hija le faltaban las falanges y los dientes?", se ha preguntado desesperado Baldomero, un padre que considera que "los forenses no han hecho su trabajo" y que deja claro que "están faltando a la familia y a la víctima" con este tipo de "barbaridades" con las que, a su juicio, "solo buscan tapar el asunto". "Esto es para volverse loco", ha apostillado.

"Estaba premeditado acabar con ella", ha sostenido Baldomero echando la vista atrás en el tiempo.

A las diez de la mañana del 12 de mayo de 2005 Rocío salió de su casa para encontrarse con su pareja sentimental y "arreglar las cosas en casa de su padre". Estaba embarazada y le faltaban poco más de dos meses para cumplir los 25 años.

"Le dijo que venía a buscarla y a mí solo me pesa no haberla acompañado ese día", ha confesado Florinda, firmemente convencida de que ese día asesinaron a su hija.

No en vano, esa misma mañana vio pasar su furgoneta con ella al volante.

Después, hasta que fueron a poner la denuncia a la Guardia Civil, se sucedieron una serie de mensajes de texto en los que "ella aseguraba que se había ido a Madrid, que había encontrado trabajo y casa...". "Todo mentira", han señalado sin que les entre en la cabeza "cómo no se pudo determinar en un rastreo el origen" de los mismos.

Dos semanas después apareció enterrado el cadáver de Rocío en una escombrera de Navatejera, "a tan sólo 800 metros de la casa de él".

La titular del juzgado de instrucción número 3 de León considera que no procede acordar ni el análisis genético de los pelos (para comprobar si el ADN del mitocondrio coincide) ni una nueva evaluación morfológica de los mismos, dado que "no permiten individualizar a una persona particular y son completamente inútiles".

Así, argumenta que "no pueden determinar si la transferencia de los mismos se ha producido entre el fallecimiento y el enterramiento, o en un momento anterior o posterior, del mismo modo que no pudo explicarse la razón de la presencia del pelo de caballo (el principal sospechoso tiene una empresa equina) en el cuerpo de la fallecida".

"Los forenses no encontraron nada, pero que casualidad que luego el doctor Luis Frontela (el mismo que realizó las autopsias a las niñas de Alcàsser a petición de las familias) hallara un buen número de pelos en su ropa", ha recordado Baldomero sobre "un informe demoledor".

"Hasta tres veces se negó a hacerse las pruebas con las que cotejarlos, cuando el otro sospechoso (un joven de Villablino) no tuvo ningún problema en hacerlas", ha indicado sobre la actitud del principal investigado por la muerte de su hija sin olvidar que "en una ocasión su pelo no dio la longitud óptima por alopecia".

"También apartaron del caso a un guardia civil porque pasaba información a su familia y más tarde aparecieron unos rumanos en un club de alterne que confesaron a la Policía Local que sabían lo que había pasado con Rocío", ha precisado Baldomero.

Pero todo se quedó en papel mojado a pesar de que "por parte de los agentes de la Guardia Civil se realizaron todas las gestiones necesarias, a pesar incluso de haber sido imputados por la magistrada que llevaba el caso".

La jueza cierra su auto dejando claro que, si apareciesen nuevos indicios o avances técnicos o científicos que significaran avances en la investigación, podría reabrirse la causa, prearchivada en 2012 hasta que la Audiencia Provincial de León ordenó que se reabriera a finales de 2015.

Carlos Redondo, el abogado de la familia, y la Asociación Clara Campoamor ya han recurrido su decisión y han instado a realizar el estudio genético de siete cabellos que sí podrían arrojar luz, de una vez por todas, sobre este caso.

Y lo han hecho bajo la premisa de que "tratándose de un asesinato, no cabe argumentar ninguna razón para no apurar el análisis de cualquier indicio probatorio".

"Lo contrario supone renunciar a conseguir averiguar quién fue el causante de la muerte violenta de Rocío sin haber agotado todas las posibilidades", han explicado.