martes 22/9/20
OPERACIÓN PÚNICA

Un papel con correcciones en rojo, clave en la trama leonesa de la Púnica

El juez Velasco considera prueba clave una copia del pliego de adjudicación de las cafeterías de San Isidro que estaba en poder de un técnico de turismo y tenía correcciones previas
Un papel con correcciones en rojo, clave en la trama leonesa de la Púnica

«¿Usted guarda los pliegos con las correcciones en rojo?, le preguntó el magistrado. «Sí...», contestó el testigo con voz un tanto apagada. «Pues le voy a pedir que nos las mande. Es la prueba de que alguien...». «Yo no soy abogado, le interrumpió el interrogado, «pero no hace falta serlo para darse cuenta de que aquello no era... Yo le dije que había cosas que rechinaban».

Ovidio Altable era el jefe del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial a finales de octubre del año pasado, cuando se produjo la detención de Marcos Martínez Barazón. Fue interrogado el 18 de noviembre, tres semanas después del arresto del ex presidente. Llegó a Audiencia Nacional ataviado con una gabardina parda y su barba canosa característica. Velasco fue especialmente incisivo con él en el interrogatorio. «Estoy un poco nervioso», le confesó en la primera respuesta.

El magistrado juez considera hoy, acabada la instrucción de la parte leonesa de la Operación Púnica, que aquellos papeles con las correcciones en rojo tienen un peso fundamental en la acusación que sostiene contra Barazón, Jesús López (anterior interventor) y Eduardo Ruiz, director general de Evolución Viajes, del que sospecha que ideó cómo diseñar los pliegos de adjudicación de las cafeterías de San Isidro para supuestamente compensar en favor de las empresas de Alejandro de Pedro los favores políticos de mediación en el Partido Popular, con el fin de perpetuar a Barazón como presidente provincial del PP en León.

¿Y quién?

El borrador de los pliegos se preparó «y listo». «¿Pero quién pudo poner esos pliegos en circulación? Porque han aparecido por ahí...» inquirió Velasco. «No lo sé, yo los puse en manos del presidente», explicó Altable. «Una vez que los pliegos tuvieron el visto bueno de contratación, a mí me los pidió el presidente y me dijo que le mandara una copia», respondió Altable. «Yo le pregunté cómo quería que se los hiciera llegar y me dijo que por correo electrónico». No obra por el momento en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, pero la Guardia Civil tiene copia de ese mail, que el magistrado considera una prueba fundamental en su hipótesis.

Velasco cargará buena parte del peso de la acusación en esta documentación. Al margen de conversaciones grabadas (parte de las cuales corresponden a terceros, hablando de proyectos consensuados supuestamente con Barazón, pero sin su participación directa) no tiene pruebas concretas de que se cometieran los seis delitos que se le imputan. Pero el juez entiende que la carga indiciaria es suficientemente fuerte. No hubo adjudicaciones. No se constataron pagos. Puede que hubiera un plan en ciernes, pero si existía, no llegó a ejecutarse por la inmediatez en las detenciones. De haber esperado unas semanas para practicar el arresto, se hubiera podido determinar con certeza si iba a haber adjudicaciones fraudulentas o no. La necesidad de practicar con urgencia las detenciones de Granados y Marjaliza, precipitó la operación en el resto del país. Y dejó alguna duda en León.

No era legal

«Me consta que esos pliegos se han rehecho», confesó Altable al juez. «Los hemos rehecho nosotros porque al poco tiempo de mandárselos al presidente, el diputado me llamó y me entregó los pliegos con unas correcciones en rojo, preguntándome si se podía poner eso. Vimos con la directora de San Isidro que había cosas de las que había que mejorar o cambiar que estaban en rojo que no eran legales. Exigía que se tuviera en cuenta para la siguiente temporada y que se puntuara de forma favorable a quien se le adjudicara la concesión de este año». Velasco le interrumpió: «Eso es contrario a la Ley de Contratos, eso no es legal».

La fiscal anticorrupción le ennumeró a Altable el listado de empresas de Alejandro de Pedro Llorca para saber si figuraba alguna entre las invitadas al concurso. Altable no reconoció ninguna. Harmony figuraba entre ellas, como se puede comprobar en el documento que ilustra esta información. Pertenece al conseguidor valenciano al que se vincula con Barazón.

Una semana antes

«El presidente nunca me expresó que tuviera interés en adjudicar a una empresa concreta el concurso. El diputado (Miguel Ángel del Egido) me entregó los pliegos con las correcciones en rojo una semana después». Fue una semana antes de la detención. «Eran un par de correcciones, que además estaban colocadas en mal sitio, por eso pensé que eso no lo habría hecho un funcionario. Era el punto 7 sobre la duración de contrato de Pico Agujas, advertí que no era legal y lo quité. El otro punto era el punto E de las obligaciones de la empresa explotadora, que estaba mal redactado.

Carmen Martín, una de las dos fiscales anticorrupción, preguntó directamente a Altable: «¿Considera usted que Marcos estaba detrás de estas correcciones y de estos pliegos intentando sacarlos de esta manera?». Altable hizo un silencio y respondió dubitativo: «Ehm... ehm... Yo no sabría decirte si me lo dijo o no, pero yo entendí que sí, que al diputado se los había pasado alguien. Estoy bajo juramento y... los anteriores pliegos los había firmado el diputado».

Por los papeles con correcciones en rojo fueron preguntados también una de las secretarias de Martínez Barazón y el interventor adjunto, que actualmente es el sustituto del imputado Jesús López. La secretaria apenas respondió en la Audiencia Nacional a media docena de preguntas en las que se comprobó que no tenía conocimiento de irregularidad alguna. Vio el mail del presidente con los pliegos de las cafeterías «pero no lo abrí», aseguró ante el juez.

Más curioso fue el testimonio del otro testigo. Aseguró que las facturas a favor de las empresas de Alejandro de Pedro Llorca «se pagaban desde mayo de 2012». «¿Con la anterior presidenta, no?», preguntó el juez. «Sí, eso es lo que se deduce de las facturas de Madiva (empresa de Alejandro de Pedro). Cuando ocurrió todo esto, me encargaron buscar si teníamos facturas abonadas por la Diputación a estas empresas. De Eico no había nada, pero de Madiva sí.

«Por lo que se ve, ninguna lleva la firma de la presidenta, todo lo firmaba Marcos Martínez aunque entonces era el vicepresidente», preguntó el magistrado. «Así es», reconoció el interrogado. «¿Y usted podría explicarme por qué se hacía de esta manera?», inquirió el magistrado. «Yo no lo sé, a eso le dio el visto bueno el otro interventor (Suso López)», respondió el testigo. «¿Le puentearon?», preguntó el juez. «Eso parece», respondió el interpelado.

Un papel con correcciones en rojo, clave en la trama leonesa de la Púnica