Los pensionistas leoneses cobrarán 100 euros más en 2021 con la subida del 0,9%

El Gobierno prevé una revalorización de las pensiones públicas del 0,9% en 2021, idéntica a la de este año, según se contempla en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo remitió ayer a Bruselas. Esa subida, de confirmarse, apenas inyectará en la economía leonesa 15 millones de euros.

La provincia contaba a 1 de septiembre —cuando la Seguridad Social hizo la última actualización— con 140.638 personas que cobraban algún tipo de pensión del Estado. Reciben de media 1.001,30 euros, por lo que la nueva revalorización supondrá solo nueve euros más al mes. Apenas cien en todo el año.

No obstante, este incremento, recogido en el proyecto de presupuestos, deberá negociarse ahora con los distintos partidos políticos y con los agentes sociales.

De cualquier forma, se trataría de una mejora idéntica a la de este curso, ya que la primera medida del Gobierno de coalición fue aumentar las pensiones un 0,9% desde el 1 de enero. En León el gasto total alcanza casi los 141 millones.

Además, se trata del cuarto año consecutivo, tras 2018, 2019 y 2020, en el que las pensiones aumentarán por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización (0,25%), que se aplicó durante cinco ejercicios y que aún no se ha derogado.

En 2019 las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y no contributivas.

Cuando el Gobierno anunció la subida de pensiones para 2020, el presidente, Pedro Sánchez, explicó que «se orillaba» el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y no se derogaba a la espera de los acuerdos del Pacto de Toledo.

Precisamente, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo está cerca de alcanzar un acuerdo en el Congreso, incluyendo la garantía de que las pensiones no perderán poder adquisitivo con una revalorización ligada al IPC.

En este contexto, el Gobierno plantea medidas complementarias como incentivos a la demora de la edad de jubilación, ajustando elementos «distorsionantes» en la regulación de las jubilaciones anticipadas; la revisión del sistema de previsión social complementario, fomentando su desarrollo en el ámbito de las empresas, o la integración y convergencia de los distintos regímenes de pensiones.

En cuanto al sueldo de los empleados públicos, no es seguro que su revalorización se incluya en el Plan Presupuestario, si bien el alza será previsiblemente la misma, del 0,9% en 2021, ya que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró que el indicador del deflactor del PIB se tendría en cuenta para señalar el «importante compromiso» con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

En la provincia hay actualmente 7.586 trabajadores de la Administración central.

En este sentido, el Gobierno aprobó para 2020 una subida del sueldo de los empleados públicos del 2%, que podría aumentar en cada administración en un 0,3% con los fondos adicionales, con un coste estimado total de 3.212 millones de euros.

De subirse finalmente un 0,9% en 2021, la revalorización de los sueldos de los empleados públicos sería más de un punto inferior a la de 2020, y 1,6 puntos menor que el incremento del 2,5% del año 2019, cuando a la parte fija del 2% se añadió un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.

En Bruselas

El Gobierno envió ayer a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2021, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico, las tasas de referencia de déficit tras haber suspendido las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero (techo de gasto) de los nuevos presupuestos, que incorporarán ya 27.000 millones adelantados de los fondos europeos.

También recogerá las directrices básicas del proyecto plasmadas en buena medida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023.

Por último, en materia fiscal, PSOE y Unidas Podemos tienen «prácticamente finiquitada» su propuesta a falta de «algún fleco» y darán, en breve, paso a la negociación con los grupos. Entre las medidas que se han abordado se encuentra una revisión de los incentivos de los planes de pensiones colectivos y de los beneficios fiscales y rendimientos de determinada figuras.

En principio renuncian a la eliminación de la bonificación a la educación privada, quedando por tanto exenta de un IVA del 21%, pero no se descarta en el caso de la sanidad privada.