Las piezas de la Operación Enredadera de León y Astorga se quedan en nada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Astorga decretó el sobreseimiento provisional de la pieza correspondiente a Astorga de la llamada Operación Enredadera y da por archivadas las actuaciones. Sigue el mismo camino que la pieza de León y todo apunta a que la instrucción confirmará de forma definitiva que no se produjo ningún tipo de delito penal.

En el apartado tercero del extenso y motivado auto de 63 folios, la jueza asegura que no hay indicios de ninguno de los tipos delictivos que se atribuían a los investigados. Respecto a la prevaricación administrativa, entiende la magistrada que «en contra de lo considerado por la Policía —en su amplio atestado—, es la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011 y no la de 2017 que indican los agentes la que tiene validez, porque tiene otra regulación y requisitos, y tenía una vacatio legis, evidenciándose de lo actuado que ambos ayuntamientos, alcaldes y funcionarios actuaron siempre conforme a la ley de 2011».

Sobre la acusación de falsedad documental dice la magistrada que el Ayuntamiento de Astorga «a veces adelantaba la firma de sus informes o resoluciones, pero es que la mayoría ya llevaban tiempo elaborados o los hacían en ese momento o se aportaban los firmados en su momento, y por ello algunas actuaciones están antes o después comunicadas con escasa diferencia horaria o con diferencia de escasos días, sin que ello suponga alteración ni ilegalidad alguna en cuanto no hay falta a la verdad en ellos, y más cuando en muchos se agotaba el plazo para hacerlos y poder ser asentado su coste en la contabilidad del ejercicio presupuestario».

En lo tocante al tráfico de influencias, se destaca en el auto que la empresa a la que se atribuye ser beneficiaria de la adjudicación de contratos se llevó solo cuatro de los sesenta a los que optaba.

La investigación se dirigía contra Joaquín Llamas (alcalde de Villarejo de Órbigo), María Luisa de la Fuente, Raquel Jáñez, Manuel Alija y Pilar Castro (funcionarios del Ayuntamiento de Astorga), Javier Guzmán, (concejal de Deportes), Ángel Iglesias (Obras), Pablo Peyuca (teniente de alcalde), Herminio de Dios, Noemí Vicente y Maura Vega (arquitectos), José Miguel Rubio y Juan Pablo Guerrero (empresarios), Arsenio García (antiguo alcalde de Astorga), Juan José Simón (Agema), José Luis Ulibarri y Angel Luis García (empresarios), Javier Alonso (administrador), Pedro Manuel Larrigán (administrador), José Luis de la Iglesia (redactor de proyectos), Israel Ortiz (redactor de la memoria), Israel Gambín (Agema), Manuel Ortiz (miembro del equipo de gobierno) y José Manuel Sevilla (administrador), acusados de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, ,falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y cohecho.

El letrado de José Luis Ulibarri en esta causa, Juan Muñiz-Bernuy, lamenta que no se haya decretado el sobreseimiento libre (definitivo) de la pieza «porque se reconoce que los hechos no son constitutivos de delito». No obstante se siente satisfecho ante el hecho de que las causas abiertas en León y en Astorga hayan seguido el mismo camino.

«Hay contratos para los que se exigieron más requisitos de los que estipula la ley. Por eso no entendemos el sentido de estas acusaciones, que se han demostrado infundadas». Cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días «aunque los presentados anteriormente en la pieza de León ya fueron desestimados».