El plan de Primaria apuesta por atender en las primeras 24 horas y ampliar la plantilla

Si algo ha quedado claro esta semana es que las comunidades, entre ellas Castilla y León, y el Ministerio de Sanidad creen necesario mejorar ya la Atención Primaria en España. Y para ello aprobaron el Plan de Acción 2022-2023 para este escalón asistencial en el Consejo Interterritorial. Un marco estratégico encaminado a cumplir una de las grandes demandas de la profesión: mejorar las plantillas.

En León se necesitan una treintena de médicos de Familia y otras tantas enfermeras, pero sobre todo, es necesario prever el aluvión de jubilaciones del próximo lustro al alcanzar o superar el 60% de la plantilla los 55 años.

El documento apuesta por un incremento del número de profesionales, garantizar su disponibilidad y mejorar las condiciones laborales. A lo que suma la reducción de temporalidad por debajo del 8% y cubrir en 2023 más del 50% de los puestos de difícil cobertura identificados en 2022. En la provincia, los médicos rechazan ir a trabajar a Villablino, Bembibre, Cacabelos y Puente Domingo Flórez, donde se han ofertado las plazas aprobadas en 2018 hasta en cinco ocasiones en el último año y medio y se han quedado desiertas. Tampoco les «tira» Riaño o La Cabrera.

El Plan de Acción impulsa, antes de diciembre de 2023, «mayor flexibilización en horarios y organización» para mejorar la «motivación» de los profesionales hacia esas zonas. Sanidad también plantea identificar mediante un listado los puestos de trabajo que se rechazan sistemáticamente y dar incentivos «económico y no económicos» para atraer talento hacia estas plazas.

Otro de los objetivos ambiciosos es que más del 65% de los médicos y enfermeras residentes dispongan de un contrato fijo en Atención Primaria al terminar su formación especializada e incrementar un 20% los nombramientos de las enfermeras con el título de la especialidad en 2023.

Según lo acordado, se apuesta por asegurar la atención inmediata a los pacientes y que los centros de salud impulsen la digitalización y la historia clínica para facilitar la comunicación entre profesionales y usuarios, lo que implica dotar a Primaria de los equipamientos y recursos diagnósticos para reforzar la práctica de pruebas y más interconexión con el Hospital. Una unión que resultó especialmente significativa el año pasado, ya que los médicos de Primaria de guardia filtraron 432.581 urgencias de pacientes en este primer nivel asistencial en la provincia, y permitió liberar de una gran carga de trabajo y descongestionar las salas de espera de los complejos hospitalarios.

Pero sobre todo, y lo que interesa más a la población, Sanidad sella con Castilla y León el compromiso de que las solicitudes de atención en los centros de salud «se gestionen en las primeras 24 horas, es decir, que la ciudadanía disponga de una respuesta de cuándo y cómo se va a atender su petición en el tiempo definido». La propuesta concreta es que en 2022 el 50% de los usuarios que requieran atención sanitaria en su centro de salud reciban respuesta en las primeras 24 horas, y un 70% de ellos en 2023, según el documento base. También se comprometen a que «el 100% de los problemas de salud no demorables sean atendidos en las primeras 24 horas».

menos burocracia

Esa aspiración va de la mano de la desburocratización de las tareas de médicos y enfermeras, que ocupan un 25% de su tiempo diario e impide atender a más pacientes. Los profesionales demandaban más autonomía para poder gestionar sus agendas. Todas las partidas necesarias para la ejecución del Plan de Acción irán incluidas en las cuentas «que se adjuntarán tras la aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado 2022».

La ministra Carolina Darias confirmó que el documento representa «nuestro hito» al ser la «primera reforma que lanzamos a Bruselas». Sin embargo, las plataformas en defensa de la Sanidad Pública creen que la financiación es el talón de Aquiles del plan, porque «no se establecen cifras concretas para los proyectos y los fondos públicos de los Presupuestos Generales y de las comunidades autónomas «son tremendamente escasos, cuando no decrecientes».