Los planes de igualdad llegarán en marzo a 64 empresas de la provincia

Las 64 empresas que hay en la provincia con más de cien empleados deben tener antes del 7 de marzo un plan de igualdad que reduzca las diferencias salariales entre hombres y mujeres y garantice la equidad en los centros de trabajo. Además, todas las compañías, independientemente de su tamaño, están obligadas a poner en marcha registros retributivos de la plantilla, incorporando a la dirección y a los altos cargos, e incluyendo los valores medios de los sueldos, los complementos y las percepciones extraordinarias desagregadas por sexo.

Los reales decretos que aprobó el Gobierno en el mes de octubre afectan en esta primera fase a las compañías con más de un centenar de personas en nómina —64 según el INE—, que deben encajar en su planificación interna una auditoría que certifique lo qué cobra cada empleado para hacer efectiva esa igualdad que predica la norma, aunque su implantación, en este caso, será progresiva.

Las empresas de entre cincuenta y cien empleados —otras 78 en León— dispondrán de un año más de plazo para aplicar las nuevas medidas. En caso de que durante el análisis de cómo se distribuyen los salarios se detecte algún tipo de discrepancia por cuestión de género, los responsables de la compañía desarrollarán, según establece la normativa, un plan de actuación que elimine esas desigualdades. Los delegados del comité de empresa o los propios sindicatos serán los encargados de velar por su cumplimiento.

Si la diferencia salarial entre hombres y mujeres sobrepasa de media el 25%, la dirección tendrá que justificar que no existe discriminación por cuestión de género y que la asimetría de los sueldos responde a motivos que no están relacionados con el sexo, aunque su defensa «no podrá aplicarse para descartar la existencia de indicios de discriminación», señala el Real Decreto que articula los planes de igualdad.

La información que se desprenda de los registros y de la auditoría debe ser accesible para la plantilla y podría servir para llevar a cabo acciones judiciales o administrativas si no se corrigen las diferencias o no se desarrollan los planes de igualdad en los centros de trabajo. Las infracciones están sancionadas con multas económicas que van desde los 6.251 euros a los 178.500 euros si son muy graves.

Sobre esto, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, asegura que «el registro salarial y la auditoría nos van a permitir acercarnos a la realidad de cada empresa. Ahora tenemos los instrumentos. Tenemos por delante el gran reto de aplicarlos para alcanzar la igualdad plena», subrayó.

Recordó al respecto que «la última brecha salarial se sitúa en el 21,41% y es la más baja de los últimos once años, pero a pesar de ese descenso, las mujeres cobran de media al año 5.726,30 euros menos que los hombres y si el descenso de medio punto en la brecha salarial en 2018 respecto a 2017 se mantuviera constante en el tiempo, se necesitarían 43 años para que la brecha salarial entre sexos desapareciera en España.