Podemos propone la expulsión de Pastrana por pactar con el PSOE en León sin su permiso

El acta de Nicanor Pastrana como concejal del Ayuntamiento de León empieza a perder la representación de Podemos Equo. El consejo autonómico de la formación morada ha remitido ya su informe para reclamar al consejo nacional de garantías democráticas que expulse al edil. El documento, como confirmaron ayer fuentes de la formación, insiste en que el ahora responsable del área de Participación Ciudadana en el consistorio cerró el acuerdo de incorporación al equipo de gobierno municipal del PSOE en contra del resultado de la consulta a los miembros del círculo, lo que supone una falta muy grave del código ético.

 

La expulsión queda pendiente ahora de que Pastrana ejerza ahora su derecho a la presentación de alegaciones, toda vez que la comisión nacional de garantías democráticas le remita el expediente. El edil siempre ha defendido actuó con «coherencia de acuerdo a lo que establece la normativa del partido». «La consulta fue improcedente, por inoportuna, porque no se puede lanzar sólo con una reunión. La gestora, con su mala praxis, ha usurpado a la asamblea su decisión sobre el pacto definitivo», expuso el concejal del Ayuntamiento de León, que mantiene que «la condición de la unidad de acción para entrar en el gobierno quedaba condicionada a cinco elementos: no contravenir la legalidad, el programa electoral, los estatutos y las políticas generales de Podemos, ni los intereses generales de los vecinos». Frente a esta postura, el comité autonómico, presidido por el leonés Pablo Fernández, insiste en que la consulta era correcta y que el edil se saltó la decisión de la militancia de no pactar con el PSOE.  

A pesar de que se confirme la expulsión, la incidencia sobre la situación de Pastrana en el consistorio queda muy limitada. El PSOE ya se aprestó a aprobarle el sueldo de dedicación exclusiva de 45.674,02 euros brutos anuales, así como a concederle la delegación de funciones de Participación Ciudadana, por lo que queda muy restringida la aplicación del pacto antitransfuguismo.