Policía, Guardia Civil y eléctricas se alían contra los cultivos de marihuana

Los cultivos de marihuana de interior, conocidos como cultivos indoor , han proliferado en León durante los últimos años. Y, para combatirlo, Policía Nacional, Guardia Civil y compañías eléctricas han creado una red de cooperación con el objetivo de frenar esta tendencia. Una de las técnicas más llamativas es la utilización por parte de las eléctricas del big data, la revolución tecnológica más potente del último lustro, que les permite detectar el 100% de los fraudes eléctricos. Según los datos facilitados por cada cuerpo, la Guardia Civil incautó 1.790 plantas y detuvo a siete personas entre 2017 y 2019, en operaciones llevadas a cabo en Garrafe de Torío, Villazala del Páramo, Sahagún y Santa Marina del Rey; mientras tanto, la Policía Nacional, en ese mismo periodo, detuvo a cinco personas e incautó 7.656 plantas y 409 kilos de cannabis.  

Según el calendario facilitado por fuentes policiales con las operaciones más relevantes de los últimos años, este 2019 la Policía requisó la cantidad más grande de la historia en la provincia: 9.275 gramos en la operación Vitalino. Aunque su dispositivo más importante fue la operación Baluba, en 2017. Registrando chalés en Las Lomas y Valverde y una nave en el polígono de Onzonilla, desubrieron una organización nacional de personas de origen asiático que se dedicaban al cultivo de marihuana para su exportación al Reino Unido, registrando un total de 21 naves y chalés en ocho provincias, más de 28.000 plantas; 36 kilos de marihuana lista para su envío, 45.000 euros, un arma de fuego y la detención de 31 personas. Fuentes del departamento de narcóticos de la Policía Nacional de León aseguran que «cualquier incremento, aunque sea pequeño, siempre preocupa», y señala que uno de los factores que motivan el aumento de este tipo de delito es su rentabilidad. «Al valorar el beneficio obtenido, en comparación a la pena que les pueden imponer si son detectados, consideran que les sale rentable».  

Otro factor que ha contribuido es la «eficacia de las autoridades para detectarlos, que cada vez tenemos más y mejores medios para lograrlo». Sin embargo también los delincuentes se están profesionalizando, de forma que «son capaces de aumentar el rendimiento de sus producciones», aseguran las mismas fuentes.  

Además, tienen todo tipo de útiles como filtros anti-olor, ventiladores, lámparas y reflectores, cuadros eléctricos, transformadores, mejoras en la selección de semillas, sofisticados sistemas de fertilización o climatización, y utilización de tecnología de última generación. Todo este material se puede adquirir fácilmente en cualquier grow shop de León, donde aseguran que la gente que busca grandes extensiones de marihuana indoor es «otro mercado». «A mi tienda entra mucha gente y la mayoría es para consumo propio», asegura el dueño de una tienda.  

Las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, correspondientes al año 2017, señalan que en León fueron recogidos 13.835 gramos de marihuana, 2.578 de hachís, tres de polen de cannabis, cinco de «otros cannábicos» y 8.534 plantas de marihuana. En 2016 se requisaron 22.608 gramos en León y sólo 319 plantas de cannabis. Es decir, en un año se produjo un aumento del 2.675% de las plantas y sin embargo se incautaron 8.775 gramos menos. Esta diferencia, según explica la Policía Nacional, se debe a que «muchas de las operaciones se realizan antes de que las plantas maduren y, por tanto, sin intervención del producto final».  

MODUS OPERANDI Y BIG DATA  

Lo primero es la detección de los cultivos que, según informan, se encuentran gracias «a la información anónima de los ciudadanos (antidroga@policia.es), a las actividades de prevención e investigación de los propios agentes, y a inspecciones de las compañías eléctricas»; ya que para aumentar los beneficios, muchos de estos ‘agricultores’ puentean la red eléctrica. Una vez se tiene constancia de la existencia, hay que refutar los hechos: una fase de vigilancia de la ubicación hasta que haya indicios claros de la actividad ilegal. Tras confirmarse, se solicita a la autoridad judicial la orden de registro, con la que los agentes pueden incautar las plantaciones y detener a los responsables.  

En cuanto a los delitos conexos, uno es el blanqueo de capitales y el principal es la defraudación en el fluido eléctrico. Desde empresas del sector eléctrico colaboran, según sus funciones y obligaciones, en la «detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico», asunto que preocupa a las administraciones públicas que sufren pérdidas derivadas de estas ilegalidades. A pesar de que el defraudador eléctrico en España se ha profesionalizado, también lo han hecho las empresas distribuidoras, que «son capaces de detectar el 100% de estos casos gracias a eficaces sistemas y a la utilización de técnicas analíticas de big data», indican fuentes consultadas por este periódico. Este delito afecta directamente al bolsillo de todos los consumidores que sí pagan su factura, ya que el fraude eléctrico influye en la tarifa del resto de clientes que no defraudan. En León, una de las principales eléctricas realizó en 2018 más de 4.500 inspecciones, cifra superior a la de 2017, 3.800. Identificó 958 fraudes (593 en 2017) y recuperó más de 2.900 MWh frente a los 3.600 MWh de 2017.