El PP acusa a Renfe de maltratar al norte por no recuperar los trenes suspendidos

El PP ha exigido el restablecimiento de los servicios ferroviarios suspendidos durante el estado de alarma en un territorio al que considera que Renfe «maltrata» con una reducción del 50 por ciento de trenes, «cuando en el resto de ciudades se reponen», y critica la mala gestión del Gobierno central en esta materia.

Así lo afirmó el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, quien calificó de «nefasta» la política de movilidad en materia ferroviaria del Gobierno, que ha supuesto reducir servicios en la Comunidad por un PSOE que «da una vuelta de tuerca a la vieja política de cerrar el ferrocarril en el medio rural», con falta de trenes y personal, entre ellos interventores.

El secretario general del PP autonómico, quien censuró las malas cuentas de Renfe, criticó una actuación que a su juicio obedece a un «plan preconcebido» y a una «desastrosa gestión» de un ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, que se centra más en esa «agenda urbana» que en la «rural» y sólo se dedica a dar «mítines» del PSOE y a «colocar» a «amigos o correligionarios». Considera que la gestión económica con un déficit «nunca visto» responde a la «inoperancia, descoordinación e improvisación» al que tienen acostumbrados los gobiernos socialistas.

En este marco, Andrés Lorite, tras una reunión con diputados de Castilla y León, puso de manifiesto la reducción de la oferta tanto de transporte ferroviario como por carretera, algo que considera que era «lógico» durante el estado de alarma.

Sin embargo, en la transición a la denominada «nueva normalidad» señaló que se restableció la economía y la movilidad y «no hay explicación alguna» para que frecuencias ferroviarias y de autobús hayan dejado de prestarse y la respuesta del Gobierno es que se repondrán estos servicios a medida que aumente la demanda, un planteamiento que el PP considera «absurdo» e «imposible» porque si no se oferta no se puede demandar.

Aunque en el conjunto del país se han reducido estos servicios, el popular ve una «clara discriminación» en Castilla y León porque mientras en el resto de zonas progresivamente se ha repuesto la oferta y se ha aumentado, en la Comunidad se mantiene justamente en el 50 por ciento la oferta con respecto a antes estado alarma, con 110 trenes frente a los 220 de antes.

La supresión, explicó, afecta a todo tipo de trenes, aunque hay algunos «dignos de analizar» como los trenes hotel, fundamentales para la Comunidad porque hacían paradas en diferentes localidades como Ponferrada o Astorga, pero también los trenes transversales e internacionales como el Lusitania Express, que supone la única conexión entre Salamanca y Portugal.

«Se está maltratando a Castilla y León en mayor proporción, es una discriminación y un desprecio intolerable», añadió Lorite, quien exigió la reposición de estos servicios al «cien por cien», para lo que presentarán una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Además, añadió que lo que «subyace» con esta medida y la eliminación de frecuencias es «utilizar» el coronavirus para eliminar las líneas deficitarias, algo que afirmó que no van a tolerar porque hay obligación de mantener el servicio público, por cohesión y vertebración, «independientemente de la rentabilidad»

Por su parte, Milagros Marcos criticó que el PSOE «ningunee» y se «olvide» de los ciudadanos de Castilla y León y frente a lo que se decía de que no se iba a «dejar a nadie atrás», se les ha dejado «solos» y con la imposibilidad de trasladarse o hacerlo «más hacinados y juntos», sin garantías sanitarias, sin poder mantener la distancia de seguridad que el propio gobierno exige.

Advirtió de que hay un «problema serio» de contagios provocado por la falta de líneas y el «hacinamiento» cuando se utiliza el servicio. Sin embargo, Marcos señaló que, aunque la salud es lo más importante, esta situación afecta también a la economía, la conciliación de la vida familiar y laboral y al turismo, pero sobre todo al medio rural.

En concreto, cifró en más de 200.000 los habitantes —sin contar las capitales— que no tienen posibilidad de moverse o pueden «ir pero no volver» por falta de estos servicios.