El PP exige una comisión urgente para que la diputada explique el caos del teletrabajo

Un gran revuelo alborotó ayer a la extensa plantilla de la Diputación, a pesar de que un importante porcentaje disfruta en estos momentos de vacaciones de agosto. La tormenta desatada después de que este periódico hiciera público que un rastreo realizado por el equipo de gobierno constató incumplimientos —de horario y labores— por parte de decenas de funcionarios evidenció las críticas a la diputada de Recursos Humanos, Ana Arias, en el ámbito político tras defender los resultados del teletrabajo, sistema que ella asegura que «ha funcionado perfectamente bien».

Mientras, la oposición reclamó responsabilidades políticas al equipo de gobierno a la vez que el socio de coalición del PSOE, la UPL, demandó el diseño de una nueva RTP (Relación de Puestos de Trabajo, la columna vertebral de la organización laboral de una administración pública) para modernizar «las anquilosadas estructuras laborales» del Palacio de los Guzmanes.

El PP exigió —registró ayer ya la solicitud— «la inmediata y urgente» convocatoria de la Comisión de Recursos Humanos para que la diputada responsable del personal explique el caos del teletrabajo desde que se puso en marcha en la primavera del pasado año. Críticas de los populares, que tampoco pudieron en sus sucesivos mandatos atajar el elevado absentismo del personal y otros incumplimientos laborales. Y Ciudadanos culpó «a la red de clientelismo generada en la plantilla con el sistema del bipartidismo» de la falta de respuesta del equipo de gobierno ante los desmanes de decenas de funcionarios con el trabajo desde sus propios domicilios.

Controles internos revelaron que empleados públicos fichaban en casa sin trabajar o que en algunos casos ni siquiera encendían el ordenador. Según ha podido conocer este periódico, al menos, dos centenares de funcionarios llegaron en algún momento a incumplir sus funciones.

«Confíamos en el compromiso y trabajo por la Diputación y nuestros pueblos de los funcionarios y trabajadores de la institución. Y si no cumplen con su función nos preguntamos dónde estaban los diputados del equipo de gobierno responsable de cada área cuando esto ocurrió y por qué no pusieron remedio», interpeló el portavoz popular, Francisco Castañón. Incidió también en que el teletrabajo precisa un control para garantizar su eficacia, además de demandar la convocatoria «extraordinaria y urgente» de la Comisión de Recursos Humanos para que se presenten informes sobre lo ocurrido con los funcionarios que no cumplieron con sus obligaciones laborales durante la etapa del teletrabajo, ahora suspendido desde el 1 de julio por decreto del presidente, que sólo permite el trabajo desde casa en situaciones excepcionales, también reguladas. «No se puede generalizar al hablar de incumplimientos, habrá que ver caso a caso; está claro que el teletrabajo es el futuro y ahora habrá que depurar responsabilidades».

Desde Ciudadanos, su única diputada, Gemma Villarroel, se mostró contundente ayer a la hora de exigir que el equipo de gobierno abra expedientes «a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones y el presidente debe tomar medidas al respecto» y achacó «a la cobardía del bipartidismo y también de la UPL» el que no tomen medidas ante «una mochila llena de clientelismo, deudas y favores, que permite trampas y falta de transparencia». Su formación, recordó la diputada, es fiel defensora del teletrabajo, «siempre bien gestionado, cumpliendo los objetivos y fiscalizado». Y denunció que esa red clientelar a la que alude ha impedido que en la Diputación prospere la meritocracia.

El socio del equipo de gobierno y vicepresidente primero, Matías Llorente, eludió ayer entrar en polémicas ante la tormenta política desatada por el caos del teletrabajo, pero apuntó que la Diputación precisa una nueva RPT «para adaptar la institución a la situación actual; la sociedad evoluciona con las telecomunicaciones y la digitalización y no podemos seguir con estas estructuras laborales tan anquilosadas».

También reclamó a sus aliados la convocatoria de oposiciones ante el alto grado de temporalidad e interinidad de parte de la plantilla. «Casi ya hay tantos eventuales como fijos».