Preparan un plan de choque contra los asesinatos machistas

«Estamos en un escenario de alerta machista». Sin paños calientes. Así describió la ministra de Igualdad la semana negra en la que en menos de tres días los asesinos de género han matado en tres comunidades y cuatro provincias distintas —entre ellas León— a cuatro mujeres y a uno de sus hijos, de siete años. La situación, añadió Irene Montero, es aún más alarmante si cabe, porque «el discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, por desgracia, ya está presente en nuestras instituciones», en una clara alusión a los diputados y concejales de Vox.

El jueves por la tarde, solo unos minutos después de que la Guardia Civil confirmase de manera oficial que la última asesinada, una vecina de Pola de Laviano (Asturias) de 48 años, a la que su marido le descerrajó de madrugada un tiro con una escopeta de caza, era la quinta víctima de la violencia de género, Montero convocó con urgencia, para la mañana siguiente, a todos los firmantes del pacto de Estado contra esta lacra. La cuarta había sido Paula, asesinada en Mansilla de las Mulas.

El orden del día que los responsables ministeriales de Igualdad, Justicia e Interior, senadores, diputados y representantes de las autonomías, los ayuntamientos y las organizaciones que trabajan con las mujeres víctimas de la violencia machista tenían sobre la mesa constaba de un solo punto.

La reunión telemática tenía que servir para saber qué está fallando en la estrategia y dónde, y para determinar las medidas a acordar «con la máxima urgencia» para reparar «los puntos débiles y las zonas de sombra» de un modelo de ayuda y protección a las víctimas que, eso sí, todos los poderes públicos implicados en la lucha califican como «bueno». El acuerdo fue la puesta en marcha, «lo antes posible», de un plan de choque para cortar la ola de asesinatos machistas que «mejore», «modernice» y si hace falta «sustituya» las herramientas para combatir a los maltratadores.

El objetivo pactado se completará en tres fases. En el plazo máximo de una semana, todas las instituciones y organizaciones implicadas —del ámbito estatal al local— tienen que chequear su trabajo y averiguar dónde hacen aguas los protocolos o los instrumentos en manos de policías, jueces, sanitarios o servicios sociales y plasmarlo en un informe «detallado, riguroso y exhaustivo». En segundo lugar, los expertos evaluarán la información y propondrán soluciones a los miembros del pacto «en el menor tiempo posible». Y, como remate, se tomarán las medidas para ejecutar y financiar estas reformas.