Diario de León

La presidenta de la Audiencia recuerda que los profesionales «tienen derecho a su descanso»

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«Es pronto para realizar una valoración», explicó ayer a este periódico la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser. «La intención es respetar los periodos de descanso de los profesionales de la Abogacía y por esa razón, además de las vistas orales, también se está reduciendo al mínimo las notificaciones». No solo se decreta un periodo vacacional de facto, contra la intención inicial del ministro, sino que se vuelve a insistir en la problemática tecnológica que afecta a este sector: «No tiene sentido habilitar el mes de agosto cuando hay que respetar un periodo de vacaciones de los profesionales que no cuentan con desconexión digital». En la misma dirección, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, considera que esta propuesta «lo único que ha negado ha sido los días de descanso de los profesionales del derecho que no han podido irse de vacaciones a partir del día 11». En su opinión, se debería haber adoptado «justamente la contraria», que sería, según expuso, «reconducir en el periodo vacacional de todos los funcionarios de Justicia el mes de agosto salvo los que debieran prestar los servicios mínimos en los servicios de guardia y los servicios más elementales»..

Así, aunque haya mínimos señalamientos, las dos asociaciones judiciales con mayor representación en la carrera -Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)- reconocen que esta medida no tendrá tanto impacto para los jueces como para los abogados y procuradores, «los grandes perjudicados» por la misma. «No creo que vaya a ser como un mes de junio o julio, pero tampoco va a ser un mes normal de agosto», indicó la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, para quien 20 días hábiles no solucionan «nada» y lo «único que causan es perjuicio».

Opinó lo mismo el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, para quien esta medida no aporta «nada» en «la mejora de la eficiencia y la productividad» y, sin embargo, tiene unas consecuencias «muy graves» para la conciliación de abogados y procuradores, que deberán estar atentos a los plazos procesales para presentar los escritos correspondientes. Estos profesionales fueron los más críticos con esta medida al considerar que niega el derecho a su descanso.

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