Primeras contrataciones y «cierto retraso» en la planificación inicial
La consejera de Economía y Hacienda señaló ayer que algunos de los trabajadores que fueron despedidos por Vestas ya se han incorporado al proyecto de NSR, y que otros se irán «incorporando gradualmente». El Marco General de Actuación firmado por la empresa, el Gobierno y la Junta contemplaba que el 1 de enero comenzaría la inversión de entre 70 y 100 millones de euros en las nuevas líneas de fabricación, para «emplear directamente dentro de la nueva unidad productiva entre 200 y 350 trabajadores desde marzo o abril hasta finales de 2020».
Desde los sindicatos reconocen que el ritmo de puesta en marcha de la empresa, así como de las contrataciones a realizar de manera preferente entre los ex trabajadores de Vestas, es más lento del previsto inicialmente. Aunque de momento no existe preocupación. Reconocen que los planes sobre el papel suelen ser difíciles de llevar luego a la práctica en los plazos establecidos. Por el momento la mayor parte de los trabajadores siguen realizando los cursos sobre recolocación y nuevas competencias que se pactaron con la empresa, y en su mayor parte están acogidos a las medidas de desempleo. Fuentes sindicales reconocen que, al ritmo actual, será difícil que a finales de este año se haya producido un volumen de contratación significativo.
La previsión, ratificada ayer por la Junta, era contratar de manera inmediata a 200 personas, y a otros 150 en una fase posterior, hasta 2021, cuando la planta esté a pleno rendimiento. El cierre de Vestas supuso la pérdida del empleo directo de casi 500 trabajadores, mientras que otros mil se vieron afectados de manera indirecta por el cese de actividad de la planta de aerogeneradores.
NSR producirá en Villadangos materia prima para suministrar a sus plantas de Aranda y Santander; y la Junta, a través del Programa Territorial, se compromete a bonificar el 50% de las tarifas del suelo del polígono (una rebaja que ya estaba en vigor antes), además de constituir un fondo de capital riesgo de 10 millones de euros para apoyar iniciativas de reindustrialización, y mejorar las infraestructuras energéticas y de transporte.