La prisión con más fallecidos de España

La evolución de los fallecimientos en la prisión de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, era estable hasta el pasado año, cuando triplicó la media de los últimos cinco años, según la respuesta parlamentaria del Senado al requerimiento del senador de Compromís, Carles Mulet, en la que integra una relación de las personas fallecidas durante el último lustro en los centros penitenciarios españoles, «datos que no dejan de ser escandalosos», en opinión del senador. La de León fue la prisión española donde más muertes se registraron el pasado año de todo el país (14), por delante de Sevilla I (10). Este fenómeno puede responder a «un repunte puntual».

A ello se suman las quejas por la situación que atraviesan los cuidados sanitarios dentro de la prisión. La Junta de Personal de la Administración General del Estado ha sido tajante en denunciar la falta de personal sanitario en este centro, «una carencia que afecta tanto a la asistencia prestada a los 800 reclusos como al régimen interno de la prisión». A principios de año, antes de que estallara la crisis del coronavirus, «en una plantilla de ocho médicos, hay tan solo tres en servicio de mañana, mientras que por las tardes, así como noches y fines de semana, se resuelve mediante guardias localizadas», subraya la junta. Esta escasez de profesionales, ya trasladada a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «imposibilita asimismo la aplicación por parte de los médicos de medios coercitivos previstos en el reglamento». «Esa situación puede llegar a limitar la actuación de los funcionarios, provocando situaciones de riesgo que comprometen su integridad física», advierten en un escrito.

Sin relevos

La edad media de los facultativos que trabajan en las cárceles supera los 60 años y en dos años se jubilarán más de la mitad de ellos. «Las plazas ofertadas se cubren mínimamente porque las condiciones salariales y laborales no son atractivas». La situación afecta al centro de salud de Mansilla de las Mulas, que se ve obligado a atender a los reclusos cuando no hay médicos en la prisión.

Tras criticar «17 años de inacción», la Junta de Personal de la Administración General del Estado considera que la solución de esta problemática pasaría por las transferencia de las competencias a la Junta de Castilla y León para su «plena integración» en los servicios autonómicos de salud.