El Procurador del Común pide endurecer las multas por incumplir sus resoluciones
Tomás Quintana presenta en las Cortes la memoria anual de transparencia pública
El Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia, Tomás Quintana, propuso ayer establecer una reforma legislativa que permita la «imposición de multas coercitivas» como medio dirigido a garantizar la ejecución forzosa de sus resoluciones. Así lo ha expuesto el Procurador del Común y Comisionado de Transparencia ante la comisión parlamentaria de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes, en la que ha presentado la Memoria Anual de transparencia en el ámbito público de Castilla y León del año 2019.
Como ha argumentado Quintana, la legislación de unas sanciones coercitivas supondría terminar con la «contradicción» que supone que las resoluciones de la Comisión sean ejecutivas, y que, en cambio, no se puedan hacer cumplir, debido a lo que ha denominado una «laguna legislativa». Precisamente, en esta Memoria Anual se especifica que a fecha de 20 de julio de 2020, «no se habían cumplido aún el 28 por ciento de las resoluciones adoptadas en 2019, así como una quinta parte de las adoptadas en 2018.
Por otro lado, el Procurador del Común y Comisionado de la Transparencia ha reprendido a las Administraciones públicas de Castilla y León por el «silencio» que aún dan muchas veces por respuesta a las peticiones de información realizadas por los ciudadanos, que suponen el 71 por ciento de las quejas recibidas por esta Comisión.
En cuanto al ejercicio del derecho a la información, explicó que en 2019 el número de reclamaciones ha vuelto a aumentar, pues frente a las 314 presentadas en 2018, en 2019 han sido 325. No obstante, el ritmo de crecimiento se ha «contenido» respecto a años anteriores, algo «lógico» teniendo en cuenta que en los tres años precedentes se triplicó el número de reclamaciones recibidas.