Los procuradores leoneses creen que el tope de aranceles hará ‘justicia low cost’
El Gobierno prepara una ley que limita su minuta máxima a un tope de 75.000 euros
Los procuradores de León consideran que el desarrollo de la reforma legislativa por el trámite de urgencia que elimina los mínimos y limita a 75.000 euros por asunto el máximo que podrá percibir por el servicio de la procura condena a los profesionales a un servicio low cost. Ello da lugar que en la práctica no se tenga en cuenta la profesionalidad y la calidad del servicio, con lo que primará el abaratamiento. en los costes y consecuencia de ello los intereses y las garantías de los ciudadanos, del justiciable, así como el mejor funcionamiento de la justicia quede mermado y en segundo plano.
La decana leonesa, la berciana Encina Martínez, entiende que el problema no va a estar en el límite máximo por todos los conceptos, «sino en que no se establecen los mínimos».
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó la semana pasada por unanimidad el informe al proyecto de Real Decreto que modifica el anterior y aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, que fija un máximo de 75.000 euros como cuantía global de los derechos devengados por un procurador en un mismo asunto, estableciendo, además, que el sistema arancelario de la procura no podrá fijar un límite mínimo.
«Desde hace 19 años no se han actualizado conforme al IPC nuestros aranceles, seguimos cobrando las mismas cantidades del 2003 a pesar todos los cambios de la sociedad de estos 20 años y concretamente el esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías y actualización de nuestros despachos con el coste que eso conlleva en formación y en medios materiales», aseguró.
«Está previsto un proyecto de arancel en el por cada actuación se limite a un máximo. Preocupa porque surgirá la picaresca que los asuntos se las llevará las plataformas que no son intrusos, pero no dignifican a la profesión», señaló.
ADECUARSE A EUROPA
El proyecto, según el Consejo General del Poder Judicial, persigue adecuar el ordenamiento interno a la normativa europea, en respuesta a las objeciones que la Comisión Europea formuló acerca del vigente sistema de aranceles de la procura, al considerar que la existencia de un arancel de mínimos con un margen de descuento como el vigente en España constituía una restricción a la libre prestación de servicios sin amparo real en supuestas razones imperiosas de interés general como la protección de los consumidores o la buena Administración de Justicia.
ACOTAR QUÉ ES UN ASUNTO
El dictamen afirma que el establecimiento de un arancel máximo se acomoda a las exigencias de la Comisión Europea. Además, advierte —en referencia a la fijación de un límite global «por asunto»— que el Tribunal Supremo ha señalado repetidamente que por «asunto» cabe entender «proceso», esto es, con todas sus instancias e incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que el importe global comprende el máximo que puede llegar a facturarse por un procurador –a cliente o en costas- considerando la suma de los importes de todas las instancias.