Diario de León

¿Qué hacer ante una agresión sexual en la Universidad de León?

El protocolo de la ULE busca ser "ágil" ante situaciones "que conllevan un importante sufrimiento personal" y ofrecer "una atención rigurosa y confidencial"

Acceso al Colegio Mayor San Isidoro en el que residían las tres alumnas que han presentado las denuncias. ANA

Acceso al Colegio Mayor San Isidoro en el que residían las tres alumnas que han presentado las denuncias. ANA

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La Universidad de León cuenta desde 2017 con un protocolo para actuar ante un caso de acoso o violencia entre miembros de la comunidad universitaria. Una herramienta con la que la institución académica pone  a disposición de las personas implicadas"una vía ágil para resolver situaciones que conllevan un importante sufrimiento personal" a fin de garantizar "una atención rigurosa y confidencial, sujeta al deber de secreto, respetuosa con la dignidad y la intimidad de las personas, promotora de la igualdad entre mujeres y hombres y favorecedora de la seguridad y la salud de quienes componen la Comunidad Universitaria".

El caso de las tres denuncias presentadas por las residentes en el Colegio Mayor San Isidoro , vinculado a la Universidad, está ya en manos del juzgado después de que ellas presentasen las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional, que ha remitido las investigaciones al juez correspondiente. El protocolo, eso sí, contempla, que no seguirá adelante una vez que "las conductas estén siendo examinadas en un procedimiento judicial".

El protocolo de la Universidad de León contempla tres posibles casos: el acoso psicológico o mobbing;  el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para actuar en estos casos la institución cuenta con una Comisión Técnica de Evaluación, "un órgano técnico y especializado con funciones de verificación, informe y propuesta en materia de acoso", aunque el documento contempla que no es un órgano instructor y que carece de competencias disciplinarias. En este sentido, la Universidad, recurrió a la reciente Ley 3/2022, de 24 de febrero, de Convivencia Universitaria por la que acordó las respectivas aperturas de expedientes disciplinarios con la finalidad de averiguar internamente lo sucedido, como señalaron fuentes del Rectorado.

 

El documento con el que cuenta la institución académica para actuar ante casos de acoso contempla que los procedimientos solo serán considerados adecuados si, al menos, responden a las siguientes garantías:

  • Discreción necesaria para proteger la dignidad e intimidad.
  • No revelar ninguna información a partes no involucradas.
  • Investigar y tratar los hechos sin demoras injustificadas.
  • Escuchar a todas las partes implicadas con imparcialidad y otorgándolas un tratamiento justo.
  • Admitir a trámite las denuncias si están sustentadas por información detallada.
  • No tolerar las denuncias falsas, pudiendo éstas dar lugar a acciones disciplinarias.
  • Disponer de una ayuda exterior en el caso de que pueda resultar útil.
  • Adoptar medidas apropiadas contra los autores del acoso o violencia.
  • Apoyar a las víctimas para su reintegración.

Para que la comisión actúe, las víctimas tienen que pedirlo de forma expresa a través de la Defensoría de la Comunidad Universitaria, que tras una primera valoración activará todos los pasos a seguir siempre salvaguardando la intimidad y la dignidad de la víctima.

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