El PSOE pide al Gobierno el fin del agravio en la alta velocidad a León

En círculos ferroviarios se de por liquidada esa fase de afrenta que sufre León con respecto a otros territorios en el baremo de los precios del AVE. El preludio del principio del fin, la moción que va a votar la Diputación de León para exigir al Gobierno la declaración de obligación de servicio público para la conexión de la alta velocidad a la capital leonesa. La propuesta está promovida por el PSOE, del mismo color político que el destinatario del ruego.

Se barrunta así inmediato el final del agravio territorial que experimentan en su bolsillo los usuarios de este servicio ferroviario, capaz de ejecutar un trayecto entre León y Madrid por debajo del umbral de las dos horas de viaje, pero con un precio de billete desmesurado si se compara con las prebendas y descuentos en forma de bonificación que reciben otros usuarios de este tren en la misma traza, como los viajeros de Valladolid o Segovia. Las demandas y denuncias sobre esta situación de trato distinguido según el territorio parece que va a acabar por calar en el Gobierno de España, que acerca la declaración de servicio público para la línea del AVE a León, fuente de reivindicación durante años, apegada a la apertura de la consideración de media distancia, para sumar las frecuencias Avant al abanico de conexiones con la capital de España, hasta ahora pírrica. Las dos Españas salen a relucir en las consecuencias del doble rasero de medir los servicios facilitados a León y los que se prestan en Valladolid, según denunciaron recientemente responsables de la asociación de usuarios del AVE en León. Su portavoz, Noemí Fernández detalló en una comparecencia en la que acompañó al alcalde León que «ir a Palencia supone con precio reducido 600 euros» y a Valladolid «casi 900 euros». «Nos hemos ido a compartir el coche, en el que tardamos hora y media en lugar de 34 minutos con el peligro que acumula», relatan.

En medio de este trasiego de atropello para los usuarios del tren de alta velocidad en León se añade como novedoso el reciente anuncio del Gobierno de España de subvencionar desde septiembre parte del precio de los billetes de viajeros recurrentes. Esa gracia se puede interpretar en la práctica como una equivalencia a que se considerara línea de media distancia, con la fórmula que ampara los recorridos de Madrid a la capital castellana, o otros entre diversos puntos de Andalucía, lo que va a repercutir en que el coste del bono de viajes entre León y Palencia, por ejemplo, se quede al límite de los 290 euros.

León tiene pesadillas con la llegada del Avant tras años de muestra de la comparativa de las dos velocidades de una decena de trayectos diarios entre Madrid y Valladolid, con la impotencia que genera entre la clase política que ninguna de las gestiones emprendidas haya logrado conseguir que ese servicio cruce de la estación de la ciudad castellana hacia el norte.

Se barrunta ya un cambio de normativa, que luego ha de complementarse con la implicación transversal de diferentes organismos gubernamentales, para acomodar en el presupuesto la cuantía del descuento que se va a elaborar según el censo de beneficiarios. A estas alturas de batalla dialéctica abierta en torno al trato desigual que sufren los usuarios leoneses del AVE con respecto a los de los principales enclaves urbanos castellanos es improbable que la moción presentada por el PSOE en la Diputación no salga adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos. Como resulta improbable que el movimiento no obtenga una respuesta inmediata por parte del ejecutivo al que va dirigida la propuesta, al contrario de la mayoría de las iniciativas sobre competencias ajenas que salen del Pleno del Palacio de los Guzmanes.