Ramificaciones en Madrid, León, Murcia y Valencia con fin común

La red Púnica, según el relato judicial, extendió sus negocios ilegales sobre varios ámbitos de la vida pública mediante distintas tretas.

Había amaño de contratos millonarios en diversos municipios de la Comunidad de Madrid a una multinacional francesa experta en sistemas de eficiencia energética. El sumario acredita el pago de mordidas por parte de la empresa, Cofely, a los políticos municipales a cambio de contratos millonarios.

Pago con fondos públicos para publicidad en Internet. Políticos de diversas instituciones pagaron con fondos públicos mediante un complejo sistema de facturación de trabajos de ‘reputación’ para contrarrestar con campañas positivas en páginas de Internet noticias negativas que les perjudicaran.

Adjudicación de contratos amañada a favor de una empresa de organización de conciertos en fiestas populares.

La causa abierta en la Audiencia Nacional afectaba a siete ayuntamientos madrileños (Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle), la Diputación Provincial de León, el municipio de Almendralejo (Badajoz) y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. El juez detectó indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y utilización de información confidencial.