La reforma del IBI haría pagar al Obispado de León siete veces más que ahora

El retorno del nuevo Gobierno de PSOE y Podemos al sermón de que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de aquellos que no estén «afectos a sus funciones como religión», como avanzó esta semana la vicepresidenta Carmen Calvo, reabre el debate de los beneficios fiscales. Sobre la mesa, la incidencia de su revisión deja en la capital leonesa un catálogo con más de 251 propiedades que sumarían una factura anual a desembolsar por el Obispado, los cabildos y las congregaciones religiosas que rondaría los 1,4 millones de euros. Aunque, si se restan los colegios, los templos y la red de asistencia social, la radiografía deja un debe de 364.940 euros por centros sanitarios, viviendas, garajes, trasteros, solares y locales por los cuales en la actualidad se abonan 57.309,88 euros.

Son poco más de una treintena los bienes que pasan por la caja municipal. Los últimos han sido la obra hospitalaria Nuestra Señora de Regla, que abona 2.438,79 euros al año desde que en 2017 se cedió la gestión a la firma privada HM Hospitales; la casa de espiritualidad de San Isidoro, que tras un largo proceso de negociación con el consistorio paga 16.255,3 euros por el espacio este destinado a establecimiento hotelero, excluida la basílica; y las Carbajalas, a las que se gira un recibo de 4.821 euros por el albergue y el restaurante que ocupan 1.919 de los 7.654 metros cuadrados totales del convento de la plaza del Grano. Más allá, se apuntan otras pequeñas facturas por sectores de suelo aún por desarrollar, como los que tienen el cabildo isidoriano o los Agustinos en el entorno de la carretera de Alfageme; o viviendas sueltas apuntadas a nombre de Cáritas, la Pía Unión de Obreras de Jesús, las Misioneras Apostólicas de la Caridad, las Esclavas de Jesús o los Agustinos.

No entran sin embargo otros inmuebles sobre los que tiene puesta la lupa el Ayuntamiento de León hace tiempo. Sobre todo se trata de locales alquilados por la Iglesia a terceros que, por su cuenta, desarrollan una actividad económica. A pesar de la reforma en 2012 de la Ley 42/2012, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la administración municipal no tiene como llegar a ellos, como asume el concejal de Hacienda del consistorio, Carmelo Alonso. Aunque las últimas denuncias tramitadas ante la UE parecen abrir un camino, el Tribunal Supremo español ya ha asentado que sólo cabe cobrar el IBI en los casos en los que hay una explotación económica. La interpretación jurídica subraya que «el arrendamiento no supone una explotación económica», lo que permite que la Diócesis de León, al igual que el resto de España, utilicen esta vía para no abonar el impuesto por unas propiedades por las que cobra alquiler y en las que una mercantil privada pone un negocio.

Hay varios casos , como admite el edil, que cuadran con este funcionamiento en el que se utilizan los inmuebles religiosos para poner sobre todo bares, varios en el entorno del Romántico. Sobre estos, incide el edil del PSOE, se espera que aclare el Gobierno cómo poder hacer que paguen. «No está a nuestro alcance hacer nada, sino que necesita una reforma legislativa», concede Alonso, quien insiste en que ve «razonable que no exista una bonificación del impuesto cuando hay una explotación económica, bien sea directa o indirecta». «Es una cuestión de equidad que viene recogida en la Constitución: a igualdad de condiciones, igualdad de trato fiscal», sintetiza.

Alonso explica que «no se trata de perjudicar a nadie, ni gravar por gravar». Para diferenciarlo, el edil socialista defiende que es favorable a que «se mantengan las exenciones en todo lo que sea labor social», dado que «toda ayuda es poca en estos casos en los que la Iglesia hace un trabajo que supondría un gasto elevado para el Gobierno». En esta lista de exenciones «razonables» incluye el edil incluso los pisos que son utilizados por los sacerdotes, aunque el Gobierno todavía no ha aclarado cuál será el alcance, más allá de apuntar que la propuesta, tratada ya con el nuevo nuncio del Papa en España, pasa por que la Iglesia Católica «responda de la fiscalidad igual que en Francia e Italia». León espera ver cómo se concreta una medida que puede multiplicar por siete la recaudación del IBI que ahora abonan la Diócesis y las congregaciones católicas.