El Registro de Impagados Judiciales aflora cerca de medio millón de euros en deudas

El Registro de Impagados Judiciales (RIJ) sacó a la luz alrededor de medio millón de euros de deuda en León durante el primer año y medio de vida, desde su puesta en marcha en mayo de 2019. A nivel nacional, la deuda destapada se acerca a 30 millones de euros, según Eleazar González, director de Negocio del RIJ, durante su intervención en una conferencia online organizada por el Consejo General de la Abogacía (CGAE) y, en la que se analizó el funcionamiento de este fichero y sus principales novedades.

El registro nace como una herramienta al servicio de la justicia y del ordenamiento jurídico español que dota a los acreedores que han visto reconocido su derecho al cobro de una deuda en una resolución judicial firme, de mayores garantías para el cumplimiento de la misma, reforzando y garantizando su derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumpla la ejecución de la sentencia que reconoce sus derechos de crédito.

Pretende acabar con las ejecuciones judiciales infructuosas tras largos años de litigio judicial en reclamación de una deuda, y al mismo tiempo otorga transparencia al tráfico mercantil de nuestro país dotando de seguridad y confianza al sistema financiero y a los mercados, ofreciendo información veraz y relevante sobre solvencia y riesgo crediticio de personas físicas y jurídicas.

Un programa único

Se trata del único fichero de morosidad en España basado en resoluciones judiciales firmes, permite a los despachos de abogados hacer visible la deuda que hasta ahora gestionaban de una forma silenciosa, al no estar registrada en los ficheros tradicionales de morosidad.

El proceso de inclusión de la deuda comienza con el acceso por parte del abogado del acreedor a la plataforma a través de la página web de RedAbogacia. El abogado incluirá en la plataforma una reclamación contra el deudor en nombre de su cliente o en caso de tratarse de un impago del que el propio abogado es acreedor, en su propio nombre, junto con toda la información relativa a la deuda (la resolución judicial que acredita la deuda). En caso de actuar en nombre del cliente habrá de rellenar el formulario de “representación o autorización” que ofrece la plataforma. Dicha información contendrá la resolución o resoluciones judiciales en las que se condene al deudor al pago de la deuda, junto con información relativa tanto al acreedor como al deudor.

Cinco días

En el caso de que el débito no se haya satisfecho en cinco días, se inicia por nuestra parte el proceso de notificación al deudor de la publicación e inclusión en el sistema del impago, por carta certificada. El deudor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento, con arreglo a la normativa aplicable y el registro se mantendrá si el deudor no se opone o si su oposición no está justificada. En este momento, a través de la propia plataforma, éste podrá contactar con el abogado del acreedor o alcanzar un acuerdo de pago y resolución de la deuda.

Posteriormente, la deuda puede ser consultada por el sistema financiero español y por todos aquellos que demuestren tener un interés legítimo en conocer dicha información.