San Andrés trata de capear la parálisis municipal

No es nuevo. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo posee una dilatada experiencia en arrancar y parar su gestión municipal por desafortunadas coincidencias en l as bajas de sus técnicos de alto escalafón . Ahora, la secretaria y la vicesecretaria están de baja, los dos arquitectos municipales y dos de las tres personas de la asesoría general, lo que complica las licencias de obra , los avances en el galimatías de las mejoras ferroviarias, la remodelación de Pinilla y poder resolver cualquier documentación municipal. De momento, tanta ausencia se capea con el técnico de contratación, porque la petición de auxilio a la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de León no han cosechado eco.

En la última década, el PP de Gregorio Chamorro vio cómo la exadjudicataria de limpieza ganaba un pleito de cuantía millonaria por ausencia del letrado y cómo se enrevesaban las problemas que llegaban al juzgado. María Eugenia Gancedo llegó a dar luz verde en una junta de Gobierno en 2016 al primer presupuesto no prorrogado en seis años, tras no haber podido celebrar el pleno extraordinario donde se iba a aprobar por la baja de última hora del secretario municipal.

Logró después un secretario accidental tras insistir ante la consejería de Presidencia, pero vivió la baja del letrado municipal porque sufrió una caída; la del trabajador municipal habilitado como abogado la legislatura anterior y la falta del asesor general por una excedencia por motivos familiares.

Incluso un técnico comunicó al juzgado sus dificultades para acudir a dos vistas, pero los magistrados consideraron que eso era problema del Ayuntamiento, y celebraron igualmente las sesiones sin letrado municipal. Eso sí, uno de los créditos ICO que concedió el Gobierno de Madrid de casi siete millones se tuvo que emplear en paliar deudas reclamadas por los tribunales, gran parte por los intereses de demora.

Aquella bola se sigue arrastrando en un Ayuntamiento de gran litigiosidad que acumula más condenas de las que seguramente le corresponderían. La última de calado de 80.000 euros, en virtud de una demanda que ganó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por la ausencia de letrado que defendiera los intereses municipales.

El juez llegó a declarar al Ayuntamiento en situación de rebeldía procesal por no haberse presentado al juicio ni haber designado letrado ni procurador. De ahí que aceptara íntegramente la reclamación presentada por la SGAE por la propiedad intelectual durante las fiestas locales entre los años 2012 y 2015. La oposición critica que el desamparo legal puede favorecer que cualquiera que reclame una cantidad a San Andrés la gane, y opinan que «cada euro que se gasta en costas o intereses por la mala gestión es dinero que se les retrae a todos los ciudadanos en servicios»

 

El Ayuntamiento tiene que hacer frente casi a diario a varias actuaciones judiciales, sobre todo, en el campo contencioso-administrativo. Junto con los pleitos por impago, hay otros de responsabilidad patrimonial y por medidas cautelares. En realidad, el equipo de Gobierno se ve atado a la hora de contratar de forma temporal a un buffete de abogados externo, porque la situación económica municipal por la losa del plan de ajuste impide realizar pagos y contratos. La alcaldesa Camino Cabañas entonó esta semana el «mea culpa» por la parte de responsabilidad en esa ralentización de los asuntos municipales que pueda producirse, aunque negó que exista una «paralización» total.

«Nos gustaría hacer más cosas, pero el hecho de que no se haga todo no significa que no se haga nada», matizó, e insistió en que «este equipo de gobierno tiene salud, tiene ganas y sobre todo está intentando arreglar las cosas». También remarcó que no va «a dar un paso atrás».