miércoles 25/5/22

A criterio de Rodríguez Santocildes, «se trata de una figura que lejos de beneficiar  al ciudadano le priva de asesoramiento jurídico generando una mayor indefensión. No se puede presentar a la abogacía —como ya se hizo con la reforma de la ley concursal— como un obstáculo y como causa de una mayor litigación».

El Consejo General presentará las alegaciones que entiende más que oportunas, instando a los distintos grupos con representación en las cámaras parlamentarias a presentar una enmienda a la totalidad de un texto que lejos suponer una ventaja para el ciudadano puede generar un nuevo perjuicio.

«Prescindir del asesoramiento jurídico de la abogacía supone dejar a los ciudadanos a los pies de los caballos y sitúa nuevamente en una posición de desigualdad al ciudadano frente a las  entidades financieras», sostiene el decano.

UN OBSTÁCULO

«Una vez más se dibuja la figura de abogados y procuradores como un obstáculo para el efectivo ejercicio de los derechos de reclamación y para el funcionamiento de la sociedad, cuando unos y otros son colaboradores imprescindibles en el funcionamiento cotidiano de la reclamación de derechos tanto de las empresas como de los particulares», asegura el decano.

El organismo, que sustituirá a los servicios de reclamaciones de la CNMV, del Banco de España y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones dictará veredictos vinculantes para reclamaciones por un importe de hasta 20.000 euros.

El nuevo supervisor se financiará directamente con contribuciones de las entidades, que deberán abonar 250 euros por cada reclamación que se presente.

Santocildes: «No se puede dejar al leonés a los pies de los caballos»