Diario de León

El precio de los peajes

UPL pone el foco en los peajes de León y Cs sólo se centra en eliminar los de Ávila y Segovia

Los leonesistas piden al Ministerio de Fomento el fin de las tasas en la AP-66 y la AP-71

Peaje de la autopista León-Astorga. MARCIANO PÉREZ

Peaje de la autopista León-Astorga. MARCIANO PÉREZ

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El procurador de la Unión del Pueblo Leonés en las Cortes, Luis Mariano Santos, presentó una proposición no de ley para que la Junta reclame al Ministerio de Fomento la supresión de los peajes León-Astorga AP-71 y de la A-66.

Se trata de una vieja reivindicación de Unión del Pueblo Leonés, que recuerda que siempre ha estado «peleando por la supresión del peaje León-Astorga por tratarse de un potente freno al desarrollo de la economía de la zona y al desarrollo logístico de León, porque perjudica a aquellos camiones y transporte de mercancía que comunica con Galicia».

 

La propuesta de la formación leonesista enfatiza el lastre ue crea la León-Astorga al desarrollo económico

 

«Ese peaje pone freno al desarrollo del Bierzo, que para León es importantísimo, y está más que demostrado que es ha sido un mal negocio, porque además de ser el más caro, tiene un uso muy bajo, generando un riesgo de seguridad vial, como desgraciadamente lo confirman algunos accidentes mortales, pues la alternativa, que es la N-120, se sobrecarga de tráfico de camiones», ha añadido Santos.

En el caso de la A-66 Santos destaca que es una de las autopistas más caras de España y otra cortapisa a una de las vías que deben de fomentar el desarrollo del Noroeste español, como punto de unión entre España y Asturias.

De forma paralela, Ciudadanos promovió una Proposición No de Ley en la cual insta al Gobierno a que ponga fin cuanto antes a las concesiones de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 que conectan las provincias de Ávila y Segovia con Madrid, con el fin de fijar población y no perjudicar más a los habitantes de esas provincias castellanas que trabajan en la capital de España. El texto recoge que, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010, el Ejecutivo puede negociar con las empresas adjudicatarias que finalice la concesión de estas vías de comunicación, como ya ha hecho en muchas del Corredor Mediterráneo.

 

En el caso de la A-66 Santos destaca que es una de las autopistas más caras de España y otra cortapisa a una de las vías que deben de fomentar el desarrollo del Noroeste español, como punto de unión entre España y Asturias.

 

Asimismo, solicita que se realice un estudio económico-financiero para ponderar los costes de la liberalización de estos contratos y que se analice la aplicación de medidas complementarias que beneficien a los usuarios frecuentes o habituales de estas autopistas, como una reducción de la tarifa o la compensación completa.

La formación naranja recordó que la despoblación y el envejecimiento demográfico siguen siendo los principales problemas de varias provincias de la autonomía (en los últimos ocho años se ha perdido el 5 por ciento de la población, recuerdan en un comunicado recogido por Ical) y que hacen falta medidas estructurales para que los ciudadanos decidan no abandonar la autonomía e instalarse definitivamente en Madrid. Algo «especialmente sangrante” si se tiene en cuenta la posición estratégica y las posibilidades que supone el desarrollo del Corredor Atlántico.

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