El sector advierte de los riesgos del incremento de gasolineras desatendidas
En León hay 16 de las 130 estaciones de servicio que no tienen personal permanente.
Díez, Martínez, Sáenz de Miera y Pizarro, ayer en la rueda de prensa en la Fele.
Patronal y sindicatos del sector de las gasolineras advirtieron ayer del peligro que supone la proliferación de las gasolineras no atendidas por personal, además del agravio que representa para el resto de las empresas que sí tienen empleados y personal especializado en sus instalaciones. La presidenta de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Carmen Sáenz de Miera, junto con Rafael Pizarro, presidente nacional de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) y a los responsables de Industria de UGT, Juan Pedro Martínez y de CC OO, Gonzalo Díez coincidieron en señalar ayer en la sede de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) que la situación entraña peligro. «A nadie se le ocurriría poner un polvorín sin vigilancia. Las gasolineras desatendidas pueden ser focos hasta de atentados».
Sáenz de Miera destacó que en la provincia de León existen ya 16 de las 130 estaciones de servicio que suministran al público que están en régimen desatendido total o parcialmente. «Se trata de un producto de alto riesgo, muy inflamable y que puede provocar siniestros», señaló la presidenta. También añadió que estas gasolineras en las que el cliente gestiona solo su suministro impiden también la petición de hojas de reclamaciones, la falta de conocimiento ante problemas de suministro, la falta de personal que active de forma rápida y segura el plan de emergencias, atención en caso de problemas con los pagos con tarjeta, el cuidado sobre la utilización de recipientes homologados o el «agravio que supone para las personas con movilidad reducida».
Los empresarios lamentaron los problemas que han tenido con el céntimo sanitario, que ha provocado la pérdida de 450 empleos a nivel nacional; pero defendieron el mantenimiento del empleo en un sector que requiere especial atención ante posibles incidencias.
Competencia
Pizarro criticó que se permita esta práctica que «perjudica a muchos y beneficia a unos pocos», y reclamó a la Junta que regule la ley nacional como han hecho otras autonomías, que son las que tienen la competencia. Entre ellas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón.
También destacó que el sector «no va contra nadie. No estamos en contra de las prácticas ‘low cost’, nos gusta la competencia y cada uno puede tomar sus decisiones en cuanto a precios. Pero hablamos de una cuestión de seguridad».