Los Erte dispararon un 537% la actividad del Sepe en León con una plantilla de mínimos

El ciberataque que bloqueó hace dos semanas el Servicio Publico de Empleo Estatal ha destapado las carencias del organismo que paga el paro y los Erte a miles de trabajadores en la provincia. La plantilla «es escasa», como advierten las organizaciones sindicales, sobre todo después del volumen ingente de trabajo que ha soportado el personal del Sepe desde el primer estado de alarma, hace ya más de un año, cuando el número de expedientes tramitados en León se multiplicó por cinco.

«No cubren las vacantes y la tasa de interinidad es del 33% a nivel nacional, pero podemos extrapolar ese mismo dato a las diez oficinas de la provincia, donde trabajan unas cien personas», describe Ana Belén Aller, responsable de Administración General del Estado dentro de CSIF. Denuncia que hacen falta «al menos veinte trabajadores más» en la provincia para gestionar todas las prestaciones de las que dependen miles de personas.

En este sentido, recuerda que en los peores meses de la pandemia, cuando había más de 20.000 empleados en un Erte solo en León, la actividad del Sepe se disparó «hasta un 537%» respecto a los periodos previos al covid. «Únicamente contrataron a diez interinos más, hasta finales de junio, pero esa no es la solución porque es un trabajo muy técnico y requiere de un tiempo prudencial de adaptación», apunta la responsable del área en CSIF, quien reconoce que los problemas de las últimas semanas pueden dejar tras de sí un reguero de damnificados.

«Los centros ya están funcionando, pero la actividad todavía no se ha restablecido completamente después del ataque», señala Ana Belén Aller, quien revela que, durante el tiempo en el que los sistemas estuvieron desactivados por los piratas informáticos, los empleados públicos «cogieron todos los datos de forma manual para evitar que hubiera retrasos en los ingresos, aunque quizá haya algún error a la hora de cotejarlos con Hacienda», asume. «Han hecho una labor excepcional, trabajando en festivo y doblando turnos si era necesario desde el primer día», subraya.

Un sistema desfasado

No obstante, el «colapso se veía venir». Ya lo habían advertido desde CSIF antes incluso de que apareciera la emergencia sanitaria. Se arrastra desde hace diez años. «El 10% de las vacantes sigue sin cubrir», reprocha. Y la edad media del centenar de empleados públicos que se reparten por las oficinas de León es de «casi 55 años». Además, en 2021 diez funcionarios se jubilan y «eso se repetirá» en los próximos ejercicios. Ante esto, CSIF reivindica una «oferta de empleo público extraordinaria» que fortalezca la plantilla con «al menos veinte personas más», reitera.

Reclama también que se modernicen los sistemas informáticos porque el «que gestiona las nóminas y las prestaciones tiene 35 años». Y la jornada laboral de tarde, además de las inversiones y recursos suficientes para que ningún desempleado o afectado por un Erte sufra retrasos en los pagos.

Sobre esto, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, solicitó garantías por parte de la Administración central para que cobren el paro o los expedientes todos los afectados. Reconoció también que la plantilla en estos momentos es «insuficiente» y que esta situación la arrastran desde hace tiempo. Teme al respecto que la puesta al día del Sepe «acarree problemas económicos para muchas personas», por lo que exige «una ventana extraordinaria en el mes de abril» para que se puedan liquidar todas las nóminas. «Podemos respetar y entender que no se pudo hacer nada frente al ataque informático, pero las soluciones y la atención al ciudadano tienen que ser inmediatas», considera.

En la misma línea, su homólogo en CC OO, Xosepe Vega, también denunció la falta de personal que hay en las oficinas del Sepe, valoró el esfuerzo de los empleados públicos durante toda la pandemia y reclamó más recursos a las autoridades competentes para mejorar el servicio. Aclaró igualmente que la mayoría de las prestaciones se pagan en estos momentos sin retrasos y que cuando hay algún problema suele ser porque las empresas han cometido errores a la hora de tramitar o presentar la documentación, a pesar de que muchas veces le echan la culpa al Sepe.