La siderometalurgia abre los convenios en un año difícil marcado por los ajustes

El convenio del sector siderometalúrgico abrirá en este mes el largo listado de procesos negociadores que tienen por delante empresas y sindicatos para pactar las condiciones laborales de los trabajadores para los próximos años. El siderometalúrgico es, por su volumen, el más importante de la provincia dado que afecta a casi 12.000 trabajadores repartidos en ámbitos muy distintos. Los agentes vinculados a su negociación suelen referirse a su ámbito de actuación como un «auténtico cajón de sastre» dado que agrupa desde fontaneros y electricistas a las plantillas de empresas representativas en la provincia como LM Wind Power con unos 800 trabajadores, Miguélez, Network Steel, Aceros Roldán o Indra pasando por los talleres de coches o los negocios de equipamientos electrónicos.

Actualmente, ha comenzado a conformarse ya la mesa negociadora que reunirá a 28 representantes: catorce por parte de las empresas y otros catorce del ámbito sindical. La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) calcula que la primera toma de contacto será o bien a finales de este mes de enero o a comienzos de febrero.

Lógicamente, la pandemia y la crisis económica que ha traído de la mano tendrán un protagonismo importante en la negociación de este primer convenio. Si el acuerdo anterior entre empresas y representantes de los trabajadores se cerró con una vigencia de tres años y un incremento salarial del 2%, aumento vinculado a los resultados del PIB, ahora la patronal considera que no hay margen de maniobra suficiente para consensuar ese margen.

«La negociación que se avecina la veo con mucha cautela», concede abiertamente Enrique Suárez, secretario adjunto de la Fele.

«Es innegable que actualmente hay una situación de mucha incertidumbre por todos los factores externos a la economía derivados de la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Esas incertidumbres generan poca seguridad a la hora de hacer planteamientos de futuro».

Por eso la Fele entiende que, más que por el incremento salarial, el próximo convenio, debe ir enfocado al mantenimiento del empleo y del poder adquisitivo. Y consideran también que su vigencia no debería ir más allá de dos años.

Este 2021 recién estrenado está llamado a ser un año intenso. A la docena de convenios que deben negociarse este ejercicio y que afectan a más de 42.000 trabajadores se tienen que sumar los catorce que quedaron suspendidos la pasada campaña, que suman casi 20.000 puestos de trabajo.

Entre estos últimos se encuentra el de la hostelería —un sector muy castigado por la crisis— que es el otro gran motor de la economía leonesa. Actualmente, hay cerca de 10.000 empleos vinculados a su actividad. Los del comercio de piel y textil, metal y madera son otros convenios que quedaron suspendidos en 2020 por el covid que ahora tendrán retomarse.

La onda expansiva de la pandemia se llevó por delante la negociación de los catorce convenios colectivos que empresarios y sindicatos tenían previsto pactar este año. El nuevo escenario se impuso con toda crudeza y aunque las mesas se habían abierto a principios de año, la irrupción del coronavirus dinamitó por completo la hoja de ruta prevista.

Empresas y sindicatos lo tuvieron claro: el escenario de guerra no aconsejaba sentarse a negociar porque la prioridad en esos momentos era la supervivencia del empleo y las empresas. Los sindicatos apuntaron incluso que, pensando en los trabajadores, era mejor esperar a este 2021 cuando se espera (al menos en teoría) que las perspectivas sean mejores y no haya tantas incertidumbres como ahora.

«La realidad es aplastante. Todos vemos las cifras de desempleo y de Ertes, El objetivo común de ambas partes es conseguir que las cifras se reduzcan y que se mantenga el empleo, sin elevar los costos las empresas», deseó Enrique Suárez de cara a la negociación que se abrirá en las próximas semanas.