Silván exige al Gobierno que aumente la bonificación del peaje de la autopista a Asturias

El senador leonés Antonio Silván defenderá un moción en el Senado para instar al Ejecutivo central a «incrementar la dotación para compensar a la empresa concesionaria de la autopista AP-66 entre León y Campomanes (Asturias) por las bonificaciones de peaje a vehículos ligeros y pesados hasta la supresión total del mismo», informó el partido en un comunicado.

Silván denunciará de nuevo que «con los socialistas suben los impuestos y se suben los peajes de nuestras autopistas», una realidad que «demuestran la forma de hacer política del PSOE de Pedro Sánchez», criticó.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado esta moción para que esta Cámara demuestre, con su voto a favor, que «está por la supresión de los peajes, por el transporte y transportistas, por la actividad económica, por la movilidad y por el equilibrio territorial», destacó.

Los populares pretenden lograr con esta moción, y como paso previo a la supresión del peaje de la autopista entre León y Asturias, «una bonificación de 45 millones de euros que garantice la movilidad y la actividad económica entre los dos territorios en el peaje más caro por kilómetro de la red viaria española», recordó el PP.

Silván criticó, además, la respuesta de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que «no dio más que respuestas huecas e insolidarias con leoneses y asturianos cuando asturianos y leoneses solo queremos que nos traten como iguales con relación a otros territorios»

Desde noviembre de 2018 se han liberado un total de 1.029 kilómetros de autopistas de peaje, como en la AP-7 (Tarragona-La Junquera) y en la AP-2 (Zaragoza-El Vendrell), además de las rebajas de peajes y las bonificaciones de vehículos ligeros y pesados aprobados para otras autopistas de peaje.

«Frente a estos casos, la AP-71 (León-Astorga) y la AP-66 (León-Asturias) continúan con la marginación socialista, con la discriminación, marca de la casa socialista, de unos territorios frente a otros», denunció Silván.

De momento desde el Gobierno descartan el rescate de esta concesión, como ha ocurrido en otros territorios, porque, según justifican desde el Ministerio de Transportes, resultaría muy costoso para las arcas públicas.

Las bonificaciones de la intervención del Gobierno sobre el peaje suponen desde el año 2007 entre el 11% y el 15% de los ingresos con los que cuenta la concesionaria, según se desprende de la respuesta que dio la ministra Raquel Sánchez cuando el PP reclamó en el Senado que se termine de una vez con esta concesión.