Silván pide reducir los plazos de tramitación de la Junta

Con la «necesidad» de favorecer «la agilización y simplificación administrativa para la reactivación económica», el grupo municipal del PP reclama a la Junta que acorte los plazos que marca la burocracia en una serie de trámites. En un documento con la propuesta detallada, el portavoz popular en el Ayuntamiento de León, Antonio León, le marca a quien ocupa la consejería de Fomento y Medio Ambiente en la que estuvo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cómo reducir tiempos de espera para «ganar en eficiencia y mejorar la competitividad del tejido productivo mediante modificaciones normativas puntuales». El ajuste servirá «tanto en esta época de estado de alarma como en los periodos posteriores de recuperación económica necesarios para contribuir a impulsar la actividad empresarial y la creación de empleo», señala el exalcalde de la ciudad en su misiva, en la que enumera que las gestiones afectarían a «trámites sobre planeamiento urbanístico, licencias urbanísticas, licencias ambientales, actos de uso del suelo sujetos a autorización en suelo rústico y licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, y declaraciones responsables».

Silván insiste en que «la sobreproducción de normas y procedimientos provoca ralentización en las empresas para acometer y ejecutar proyectos e, incluso, desviación de posibles inversiones a otros territorios». «Con esta simplificación administrativa y agilización de plazos se pretende contribuir a la atracción de inversiones obligada en unos momentos de incertidumbre económica como los actuales», concede el exconsejero de Fomento y Medio Ambiente

La propuesta de «simplificación administrativa y de los plazos correspondientes», detallo Silván, se ha trasladado como «redundarían en beneficio de la actividad económica y productiva de nuestras empresas», dado que contribuirían «de esta manera al mantenimiento y creación de empleo».

El documento plantea para la aprobación inicial en los casos de planeamiento urbanístico, que ahora necesita tres meses, se quede en «dos meses o 45 días». a la vez que marca que el resto de trámites, que llegan a sumar un año, se queden en la mitad. No es la única revisión. En la propuesta se reseña que las licencias de obra, que ahora deben resolverse y notificarse en tres meses, se hagan en dos meses o 45 días». En las ambientales se cita que las autorizaciones, que suman ahora hasta nueve meses, se queden en cinco meses, y que las licencias se puedan hacer en sólo un mes, no en dos como hasta ahora. Los actos de uso del suelo sujetos a autorización en suelo rústico y licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable pasarían a la mitad, mientras que en las declaraciones responsables se solicita que se amplíe «para favorecer al administrado».