Diario de León

Navatejera

Somacyl supedita la renuncia a la planta de biomasa a devolverle 500.000 euros

El PSOE cree que se «intentó hacer política con una empresa pública y no saldrá bien»

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La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) ve «de imposible cumplimiento» el expresar su «total renuncia» a la tramitación de la planta de biomasa en Navatejera, porque esa manifestación unilateral «podría significar cerrar la puerta a recuperar los gastos» que efectuó. Con esa justificación, la entidad incoó el pasado mes de septiembre una reclamación de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Villaquilambre por importe de casi medio millón de euros para lograr que le reintegren los costes del proyecto de la central térmica, de la línea de alta tensión, el centro de transformación, la ingeniería ambiental, las canalizaciones de la red de calor y los impuestos municipales. Los 50.000 euros del terreno no los reclama.

La sociedad pública se queja del silencio administrativo a sus licencias y de las «pérdidas» que generó el acuerdo plenario de julio de 2019 para que retirara el proyecto constructivo, dejando claro que una cosa es la política y otra los negocios. También amenaza veladamente con el hecho de que en esa reclamación patrimonial no incluye los intereses ni los perjuicios de lucro cesante que le ocasiona la petición de que no continúe con la central que iba a abastecer de calor a la Universidad y al Hospital.

Reunión positiva

El regidor espera un arreglo y cree que dando pasos por ambas partes se evitará entrar en un bucle

La pugna de Somacyl complica el dar el carpetazo definitivo a la planta, un compromiso sellado el 14 de julio de 2019 por el propio presidente del PP en Castilla y León y hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sirvió para unir un cuatripartito que aupó a la Alcaldía de Villaquilambre a Manuel García en detrimento del PSOE. Precisamente el portavoz socialista, Jorge Pérez, asegura que «quisieron hacer política con una empresa pública y no saldrá bien. Ahora encuentran trabas, porque Somacyl no renuncia y sólo desiste porque se lo piden, pero si le pagan lo que invirtió». El concejal de Podemos, Juanjo Moro, también ve que se ha «complicado» el deshacer legalmente el entuerto de un proyecto de 18 millones que ya disponía de 5,3 hectáreas de terreno.

Desde la concejalía Hacienda, Lázaro García Bayón, ve factible devolver el impuesto de construcción, pero no de los proyectos, «porque en esta casa éso no se ha hecho nunca al no ser responsabilidad municipal y tan importante es Somacyl como cualquier vecino».

García: «Hay voluntad política»

Para allanar el camino a una solución, el alcalde Manuel García se reunió el pasado lunes con el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Un encuentro que valora «positivamente» y que «deja claro la voluntad política que existe por ambas partes». García admite que «no es fácil», porque el Ayuntamiento «no puede devolver el medio millón, pero sí los 210.000 euros de los impuestos y quizás los 60.000 euros de la tasa», lo que significa un 60% de lo que reclama Somacyl. El regidor cree que dando pasos por ambas partes se evitará «entrar en un bucle de no avance» y espera no llegar a un contencioso, «que sería un error garrafal». Su apuesta es encontrar «un arreglo legal, que seguro que lo habrá. Asegura que «la planta de biomasa no se va a hacer en el municipio, ni tampoco en Rubiera», que fue la última ubicación que se barajó. También recuerda que Somacyl amenazó al anterior alcalde, Jorge Pérez, con emprender acciones penales por «no haber resuelto la licencia en 9 meses. Luego llegaron las elecciones y nuestro pacto para parar el proyecto».

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