Diario de León

Sosa plantea carrera reglada y sorteos para despolitizar la justicia

«La independencia individual de los magistrados es la única realmente efectiva».

Sosa Wagner, ayer en el Palacio Conde Luna. FERNANDO OTERO

Sosa Wagner, ayer en el Palacio Conde Luna. FERNANDO OTERO

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maría j. muñiz | león

«El poder judicial independiente no ha existido nunca, hay que olvidarse de ello. Se han intentado miles de fórmulas desde las Cortes de Cádiz. Lo que se requiere son jueces independientes individualmente, la única receta es que su estatus y su vida estén regulados por ley: sus carreras, traslados, ascensos, sueldos, jubilaciones,... Si el magistrado de carne y hueso es independiente, lo demás no importa. Pero el poder judicial siempre estará vinculado al legislativo».

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, exeurodiputado por UPyD y escritor Francisco Sosa Wagner presentó ayer su último libro, La independencia del juez: ¿una fábula? , en los Encuentros de la Asociación de Periodistas Leoneses (APL).

El autor plantea que el Consejo General del Poder Judicial es un «órgano fallido» de la Constitución, que no existe en otros países europeos. «Habría que suprimirlo, pero eso sería cirugía invasiva. Pero hay otras formas de reconducirlo. Los miembros del consejo son magistrados elegidos por sus compañeros, pero con la intervención del Parlamento. Y ahí viene el enjuague: los políticos deben elegir a 12 entre los seleccionados. La solución es designarlos por sorteo entre los elegidos, y para ello no hace falta más que reformar el reglamento de la Cámara del Congreso».

Sosa Wagner lamentó el sistema actual de designaciones: «Un magistrado no merece la humillación de tener que pasar por el beneplácito de las asociaciones judiciales. Que en la práctica son dos, aunque haya cinco. Y además más de la mitad de los alrededor de 5.000 jueces del país no están asociados.».

El catedrático defiende en su libro que para despolitizar la justicia en España son necesarias tres medidas fundamentales: que la élite judicial no dependa de un sistema de libre designación, sino del seguimiento de una carrera judicial claramente establecida («para lo cual no es necesario reformar la Constitución, sino sólo un birrioso decreto del CGPJ»); evitar las puertas giratorias, que permiten que los magistrados pasen de las salas a los escaños de diputados, y puedan luego volver a sus responsabilidades judiciales; y en evitar que sean los magistrados designados directamente por las comunidades autónomas los encargados de llevar los delitos de los políticos aforados («eso tiene muy mal aspecto», señaló).

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