Soterrar con perspectiva de género

La acción del ejecutivo avanza en algunos dominios por delante de las expectativas de los contribuyentes. También en el caso de lo proyectos de soterramiento que esperan una decena de ciudades en España, agrupadas en dos bloques, según decide la administración central si cumple con los deseos de quitar el tren de superficie, o no. Para justificar esas decisiones, se amplía el horizonte del relato oficial más allá de lo previsible en este ámbito. Ahora, el soterramiento se interpreta con perspectiva de género. Así lo expuso meses atrás la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuando hizo referencias a esta fórmula de integración con una incidencia extraordinaria del sesgo de género del urbanismo en las ciudades, en una larga explicación con la introdujo los motivos que deben llevar a decidir intervenir en una ciudad. La ministra vinculó estas afirmaciones a la ubicación de las estaciones de ferrocarril «que deben estar en puntos céntricos para dar seguridad a las mujeres.

Mientras se dispersan causas y consecuencias relacionados con a motivación que debe justificar un soterramiento, el debate termina afinado en el punto clave de toda intervención de obra pública: quién paga y afronta los gastos. La Ley de movilidad está orientada para dar coartada al gobierno central y eximirlo de esa carga.