Stecyl pide una revisión urgente del horario lectivo para confeccionar las plantillas

La Federación Stecyl expresa su disconformidad con los datos aportados por la consejería en la reunión de Mesa Sectorial en la que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha informado a los Sindicatos sobre la propuesta de Oferta de Empleo Público del año 2021, con un total de 1.339 plazas. En un comunicado recogido el sindicato ha demandado la negociación de las mejoras de las condiciones laborales del profesorado de la Comunidad la recuperación del empleo perdido en la Comunidad en los años de la crisis.

En cuanto a la propuesta de Oferta de empleo público, que según apunta Stecyl debe ser aprobada antes de que acabe el año 2021 para que puedan convocarse oposiciones en 2022, han recordado que debido a la pandemia se pospusieron las oposiciones previstas para 2020, por lo que señalan que el próximo año corresponde la convocatoria del Cuerpo de Maestros.

La Federación Stecyl expresa su disconformidad con los datos aportados por la Consejería por distintos motivos, ya que pide que se negocie de forma «urgente» la reducción del horario lectivo del profesorado para que la negociación de plantillas del curso 2022/23 tenga en cuenta la Ley 6/2019 que marca 18 horas lectivas en PES y resto de cuerpos y 23 horas lectivas en maestros. También reclaman que la Junta inste a la administración estatal a la eliminación del límite en la tasa de reposición de efectivos.

Igualmente, piden también que se negocie la modificación del sistema de acceso a la función pública docente para que «no cuente solo con la estabilización de las plazas sino también de las personas que están trabajando como interinas desde hace muchos años».

Para Stecyl la reducción de la temporalidad debe pasar por habilitar procedimientos específicos que permitan la conversión del personal interino de larga duración en funcionario de carrera, «siguiendo los preceptos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020, que ha condenado las prácticas abusivas de las Administraciones Públicas.