Diario de León

Las tarjetas ‘revolving’ atrapan en la usura una deuda de unos 100 M€ de los leoneses

Alrededor de 16.000 cartas de crédito en la provincia suman pagos aplazados con intereses que el TS considera usurarios

Documentación tarjetas revolving

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León

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Un cliente con un préstamo de 11.000 euros que ha pagado 38.000 y suma ahora una deuda mayor que la inicial. Un contrato para una deuda de 750 euros por la que reclaman 1.925 euros, aplicando un interés de casi el 118% porque el riesgo de impago ha aumentado. Y miles de ejemplos más, estos en León, pero generalizados en todo el país. Pagar en ‘cómodos plazos’, especialmente para los hogares en mayor situación de vulnerabilidad y con menos conocimientos financieros, se ha convertido en una trampa comercializada durante años de forma agresiva por la práctica totalidad de entidades financieras y grandes superficies, además de empresas especialmente volcadas en un producto altamente rentable para ellas, que ahora el Tribunal Supremo acaba de declarar usurero e irresponsable. Sienta jurisprudencia, da la razón a los miles de sentencias pronunciadas ya en este sentido y, sobre todo, abre la vía a que miles de afectados (dos millones, según las asociaciones de consumidores) acudan a reclamar a los juzgados.

Los despachos de abogados que en León llevan buena parte de los casos ya presentados ante los juzgados y estas asociaciones calculan que el número de tarjetas de crédito que en la provincia tienen pago aplazado en las condiciones que llevan a la situación objeto de la polémica (y que el propio Banco de España ha denunciado que en la mayor parte de las ocasiones está activado por defecto) son alrededor de 16.000; que suman un crédito en condiciones de sufrir intereses abusivos que supera los 100 millones de euros.

Los abogados matizan que no todos los propietarios de las tarjetas sufren créditos abusivos, porque eso depende de las condiciones de devolución del préstamo; pero advierten también de que son precisamente las personas con mayor vulnerabilidad económica y menores conocimientos financieros las que «caen en una espiral de enredos. Utilizan las tarjetas porque tienen dificultades económicas, tienen problemas para devolver las cuotas y además suelen hacer una cadena de tarjetas para devolver unos créditos con otros. Sin ser conscientes de que sólo suman un problema a otro problema», señalan Carmen y Carlos Serrano, de Serrano Abogados.

«Muchas personas se ven asfixiadas por la espiral de estas deudas, pero no saben que pueden recurrirlas, que incluso en el caso de que hayan firmado los créditos pueden denunciarlos, que están siendo objeto de usura», añade Pablo Roberto Herrero, de RBH Global. «Muchas veces cuando llegan al despacho llevan años sufriendo el abuso, han involucrado en la deuda a la familia, están en una situación desesperada. Porque no saben que pueden denunciar el abuso, y que la justicia les está dando la razón».

Desde Serrano Abogados coinciden en alertar sobre el aislamiento personal que sufren las víctimas de estas condiciones abusivas. «En muchos casos fruto de la percepción social del fracaso económico, que en otros países no se entiende así. Aquí ocultan la situación a la familia, a su entorno. Y no saben que su caso es mucho más frecuente de lo que piensan, y que hay fórmulas para ponerle freno».

No sólo eso. La cadena de intereses abusivos, comisiones, seguros asociados y demás cargos a cuenta de la tarjeta de pago aplazado suele generar una deuda a favor del cliente. La entidad condenada tiene derecho a percibir lo que ha prestado, pero ha de devolver el resto. En buena parte de los casos, el saldo es a favor del cliente: la entidad tiene que pagar tras la sentencia la parte cobrada de más.

La falta de cultura financiera está de nuevo detrás de una fórmula de incentivo al crédito que han censurado los tribunales y el propio Banco de España, pero cuya denuncia tiene desde hoy tiene respaldo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. «La mayoría de las personas no saben que pueden ir al juzgado y anular sus contratos», explican desde Serrano Abogados. «Que firmes unas condiciones no quiere decir que no puedan ser recurridas. Y si la justicia te da la razón han de devolver todos los intereses, las comisiones, los seguros asociados y todo tipo de primas cobradas».

LAS CIFRAS

El último informe del Banco de España calcula que la financiación de préstamos con tarjetas de crédito ronda los 14.500 millones de euros, un 7,2% más que un año antes y un 60% más que en 2010. Han crecido casi una cuarta parte en sólo dos ejercicios. Y siguen aumentando, a pesar de que los intereses que se les aplican son oficialmente del 19,89%.

Un incremento del crédito al consumo que no preocupa tanto como la relajación de las exigencias para conceder este tipo de créditos, que según asociaciones como Asufin se sitúan en el entorno del 25% (es decir, muchas son más elevadas) frente a una media del 7,35% del resto de las operaciones de crédito al consumo. La asociación considera que en España hay más de dos millones de personas potencialmente afectadas.

Advierte también de que en realidad estas tarjetas son líneas de crédito que muchas personas no entienden, y que les condena a estar atados a un producto con intereses muy altos que en la práctica es imposible amortizar si se pagan cuotas mensuales muy bajas. Y afecta sobre todo a los hogares con menos recursos para defenderse.

Asufin incide en que la forma de liquidación es compleja y difícil de entender para el consumidor medio.

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