La tasa de interinidad del sector público llega al 26,6% con 5.524 empleos temporales

El plan de choque que ha aprobado el Gobierno para reducir la temporalidad del sector público pasa en León por la convocatoria de casi cuatro mil plazas antes del 31 de diciembre de 2024. Solo así se alcanzaría una tasa de interinidad inferior a ese 8% que establece Europa como límite razonable y que el Ejecutivo central ha comprometido con el real decreto que ayer ratificó el Consejo de Ministros. Ningún empleado público podrá estar más de tres años contratado de forma eventual. Al menos ese es el objetivo.

Todos tendrán que pasar el concurso-oposición que se creará al efecto y que priorizará la parte práctica. Si no serán despedidos. En la provincia hay actualmente 5.524 interinos y 15.171 funcionarios, sin contar a los que forman parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Eso supone que uno de cada cuatro trabajadores no tiene su plaza fija, lo que eleva la tasa por encima del 26%.

Educación, con 1.550 interinos de una plantilla de 5.400, y Sanidad, con 2.092 temporales de 6.981, son las áreas más afectadas. No hay ningún departamento que esté por debajo del 8%. Tampoco cumplen las administraciones. En la Junta la incidencia alcanza el 20,2%, mientras que en el Ayuntamiento de León se dispara hasta el 41,17%, muy encima del 29,71% que se registra en la Diputación o del 9,27% que anota la Administración central, según el informe elaborado por el sindicato Csif, que alerta de que esa temporalidad alcanza al 65% en el ámbito de los servicios sociales.

El plan del Gobierno para reducirla hasta el entorno de ese 8% es convocar, antes del 31 de diciembre de 2024, las 300.000 plazas estructurales ocupadas en España por personal interino que haya cumplido tres años a fecha de 31 de diciembre de 2020 en esta situación de temporalidad.

En estos procesos, el sistema de selección será el de concurso-oposición, «pudiendo alcanzar la fase de concurso un 40% de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente», establece la norma.

Para aquellos empleados que no la superen se establece una compensación equivalente a 20 días por año trabajado, al tiempo que podrán incorporarse en bolsas de interinos específicas o ya existentes.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó tras el Consejo de Ministros de ayer que esta reforma «urgía en nuestro país porque sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad» y consideró que, también en el privado, el empleo fijo debe ser «la tónica general», dejando el temporal «para cuestiones estructurales».

Montero señaló que «el mapa de la temporalidad en España es asimétrico y habitualmente son las administraciones autonómicas, debido a la prestación de los servicios sanitarios y educativos, las que tienen una mayor temporalidad, por lo que la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas».