domingo 28/2/21
LA ENTREVISTA / SILVIA CLEMENTE

«Tenemos que cambiar el nombre a la Fundación Villalar y acercarla a León»

Medio año después de estrenarse en el cargo, considera parte del pasado su misión en las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Agricultura. No ha sufrido en exceso el trasvase del poder ejecutivo al legislativo y anuncia cuatro años de sensibilidad especial con las cuestiones referentes a León en la cámara que preside. Sus palabras pronto se convertirán en obras.
Silvia Clemente escucha una pregunta en un momento de la entrevista celebrada ayer en su despacho de las Cortes de Castilla y León

Para el debut le toca un escenario político y parlamentario inédito hasta ahora. No da la sensación de que le asuste el abanico de colores en que se ha convertido la cámara.

—¿Tiene superado ya el aterrizaje en su nuevo cargo?

—No es lo mismo participar en el trabajo que dirigirlo. El derecho parlamentario no tiene nada que ver con el derecho administrativo y supone un cambio. Hay que aprender y tomar las riendas lo más rápido posible. El reglamento está pensado más para el bipartidismo que para la presencia de muchos grupos y eso ha generado modificaciones importantes.

—¿Es un cambio muy drástico?

—Los interlocutores son muy diferentes. Antes trabajaba con los ciudadanos y ahora con sus representantes.

—De las tres consejerías por las que ha pasado ¿con cuál se queda?

—Parecerá muy diplomático pero he disfrutado mucho y me han enriquecido mucho las tres. Todas tienen alguna parte que me ha llenado mucho. No podría elegir. En Medio Ambiente los ayuntamientos eran muy cercanos, en Cultura trataba con colectivos muy diversos y en Agricultura quizá estás más cerca que en ningún otro sitio de los beneficiarios de tus políticas, que son los ganaderos. Disfruto mucho con la gestión pública, tengo suerte de trabajar en un ámbito que realmente me satisface mucho.

—¿Lidiar con los portavoces de los grupos es otra película diferente?

—Todos tienen afán constructivo. Lo más difícil es encontrar puntos de encuentro, un punto medio en el que todos puedan coincidir. Si un acuerdo necesita que uno se ponga de acuerdo con cinco, es complicado. Por eso se necesitan los conocimientos y los bagajes anteriores. Yo ya he pergeñado muchos acuerdos anteriormente.

—En un sistema pensado eminentemente para el bipartidismo ¿hay que introducir cambios cuando hay seis grupos?

—Por supuesto. Ha habido que introducir novedades. Estos días los medios de comunicación hablan de los cambios que ha habido que introducir en el reglamento del Congreso para dar cabida al nuevo arco parlamentario del Congreso y el Senado. Eso mismo lo hemos tenido que hacer nosotros aquí. Esta situación de empate en la que se situaban el PP y las demás fuerzas ha determinado una resolución de la presidenta para que no haya que votar tres veces. Hasta ahora se hacía así. Antes estaba contemplado como una excepción y se estaba convirtiendo en la norma general. Ha sido necesario realizar un análisis jurídico previo para que cuando ocurra esto, no haya que volver a votar salvo que alguien lo solicite porque piense que se va a cambiar el sentido del voto. No queríamos vernos en una situación permanente de votaciones y más votaciones sin ningún sentido. Podría darse una situación en la que alguien quiere cambiar su voto y ahí sí tiene cabida. También hemos tenido que dictar una resolución para permitir el carácter público de las comparecencias en las comisiones de investigación. Hasta ahora todo el proceso era secreto. Los grupos pedían que las comparecencias pudieran ser públicas y una resolución que he tenido que dictar yo lo resuelve, también tras su pertinente estudio jurídico. En los debates ha habido que determinar cómo intervenían los grupos. Hasta ahora solamente lo hacía quien defendía la propuesta y quien estaba en contra. Los demás, no tenían cómo intervenir y eso ha habido que regularlo. Ha habido 2.500 iniciativas en lo que llevamos de legislatura, desde el 16 de junio hasta hoy.

—¿Cómo están las dos comisiones de investigación abiertas ahora mismo, la de los parques eólicos y la del Hospital de Burgos?

—Se ha acumulado a una sola, la de los parques, la del centro de ADE en Arroyo de la Encomienda y la de un polígono industrial de Portillo. Se solicitó que esos dos temas fueran unidos porque había identidad en algunas de las personas que aparecían en los expedientes como responsables de la tramitación y se pidió que se adhirieran. En el último Pleno comuniqué que quedaba constituida formalmente esa comisión.

—Da la sensación de que hay interés en gestionar esas comisiones de investigación con transparencia. Pero eso contrasta con la negativa de la Agencia Tributaria a facilitar los informes pertinentes que se han solicitado. Eso se le achaca al Partido Popular...

—Es un tema en el que la comisión de investigación decide qué comparecencias decide plantear. Esta en concreto, se formalizó y yo me he molestado en comprobar el comportamiento que se ha seguido en otros casos similares en otras comunidades y el procedimiento ha sido el mismo, se ha rechazado sistemáticamente. No es nada nuevo porque me he preocupado de ver los dictámenes que se han hecho y todos se apoyan en artículos y en leyes que impiden que órganos del Estado entreguen documentación a las comunidades autónomas. Eso no quiere decir que no puedas volver a pedirlo. Pero todos los antecedentes que hay en otras autonomías como Extremadura, Galicia y regiones con otros colores políticos, son idénticos. Además existe una larga jurisprudencia que avala esa denegación. Se pidió y hemos insistido y todos los argumentos jurídicos considerados por parte del letrado que apoya a esta comisión de investigación lo han hecho. Yo misma he vuelto a solicitarlo y se ha vuelto a denegar.

—Su intención de dar más voz a los ayuntamientos va a tener una incidencia especial en la provincia de León, que cuenta con 211 municipios. Pero ¿cómo lo va a articular?

—Tenemos una Ley de Iniciativa Legislativa Popular que además da un apartado muy importante a las propuestas de los ayuntamientos. En junio, cuando tomé posesión, hablé con los servicios jurídicos que me propusieron elaborar un manual porque muchas de las iniciativas municipales no han estado bien planteadas por los requisitos establecidos. Se trata de que los alcaldes sepan qué iniciativas pueden plantear y cómo hacerlo. Este manual está prácticamente acabado y mi intención es presentarlo en todas las provincias y entregárselos a los ayuntamientos. Puede servir para mejorar muchas iniciativas y hasta ahora no lo han hecho por desconocimiento. Quiero que además los ayuntamientos tengan más presencia en las Cortes físicamente. Igualmente quiero suscribir un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para desarrollar un programa de visitas y de acercamiento de las nueve provincias.

—Con la Fundación Villalar ¿pretende acometer alguna modificación?

—Estamos trabajando en ello. Queremos darle una vuelta. Hay que transformarla por completo y creo que debería tener más en cuenta a León y variar su nombre. Para que una fundación de este tipo se identifique con el territorio y esté más próxima, necesita también un nombre y la identificación con Villalar en parte la ha alejado de León. Aparte, por supuesto, está el tema del contenido. Quiero que también contemple la realidad de León. Esta tierra se llama Castilla y León y la Fundación Villalar tiene que recoger el apartado que le corresponde a León. Mi objetivo es que todos los contenidos se acerquen a las nueva provincias. Pretendo que cada provincia aporte su identidad histórica. Hay que contemplarlas y respetarlas desde el ámbito provincial para hacerlo a nivel de Comunidad. Desde mi paso por la Consejería de Cultura tengo muy interiorizada personalmente la fórmula para poder avanzar en la visión de este asunto.

—Así que «León, cuna del Parlamentarismo» tiene un hueco seguro en ese ámbito ¿verdad?

—Por supuesto. Reitero que hay una realidad que es Castilla y León que hay que llevar a todos los ámbitos en los que podamos plasmar la existencia de León y la cuna del parlamentarismo nos reivindica como sistema avanzado para reclamar nuestra importancia. Por eso tiene que estar muy presente.

—Ya que van a modificar la Fundación Villalar, ¿se plantea algún cambio en el Consejo Económico y Social, el Tribunal de Cuentas o el Procurador del Común?

—Los presupuestos ya están muy ajustados y quiero que ahora que la economía mejora estas instituciones hagan frente a las necesidades que tienen. El Procurador del Común ha asumido el comisionado de la Ley de Transparencia y eso exige medios. El Tribunal de Recursos Contractuales ha pasado al Consejo Consultivo con gran acierto para dar respuesta a las empresas que contratan con las administraciones públicas. El Consejo de Cuentas hace un trabajo ingente para que no se desvíen los recursos públicos y hay cosas que en Castilla y León se hacen muy bien y las damos por sabidas pero que en otras comunidades no se hacen tan bien.

—¿Le ha sorprendido el apoyo de UPL a los presupuestos de la Junta?

—En Agricultura nunca tuve problemas para llegar a acuerdos con organizaciones agrarias más vinculadas a una u otra ideología, porque sobre la mesa estaban los intereses de los ganaderos. Y en el caso de UPL, lo que está sobre la mesa son los intereses de los leoneses que son los intereses también del Partido Popular.

—¿Habrá posibilidad de agilizar la tramitación de las leyes?

—Enero ha quedado habilitado para dar salida a los informes del Consejo de Cuentas y de las comisiones de investigación. Es un ejemplo de nuestra voluntad de agilizar el trabajo y el Procurador del Común va a venir en el primer trimestre este año a presentar su informe.

«Tenemos que cambiar el nombre a la Fundación Villalar y acercarla a León»