No tener protección de una institución se tipificará como violencia de género

Pedir protección familiar por violencia machista, que no se conceda y eso derive en maltrato será una forma de violencia institucional, uno de los cuatro nuevos tipos de violencia que recoge el anteproyecto de la nueva ley que tramita Castilla y León y que también incluye más medidas para recuperar a los maltratadores y una red específica para las más vulnerables.

La Junta de Castilla y León presentó ayer la nueva ley, que sustituirá a la de 2010, que nace del consenso del diálogo social y el tercer sector, y que pretende ser un referente nacional en cuanto a las nuevas formas de violencia que recoge, con un modelo que pasa de uno asistencialista a otro que busca recuperar la normalidad para las maltratadas con su inserción en la sociedad.

La norma tipifica cuatro nuevas formas de agresión: la digital y tecnológica; la vicaria, que se ejerce sobre hijos y otros familiares; la de segundo orden, sobre personas que apoyan a las víctimas; y la institucional, entendida esta última como «las acciones u omisiones que se realizan desde la administración pública con el fin de diferir, obstaculizar o impedir el acceso a derechos para una vida libre de violencia».

También transgénero

La nueva ley incluye a las mujeres transgénero, niñas, adolescentes, los hijos de las maltratadas y los familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad que convivan con ellas y además las mujeres castellanas y leonesas retornadas, que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.

Este anteproyecto de ley, en el que han participado 78 organizaciones y un centenar de profesionales, con 70 artículos, una disposición derogatoria y dos finales, tipifica cuatro nuevas formas de violencia de género y actualiza otras para adecuarlas a la realidad social.

Ciberdifamación

Además de la violencia institucional destaca la digital, que incluye el ciberacoso; las ciberamenazas; la ciberdifamación; la pornografía no consentida; los insultos y el acoso por motivos de género; la extorsión sexual; el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea…); la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red; la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales; la usurpación de su identidad en línea, y las amenazas de violación y de muerte.

Otra de las modalidades introducidas en el texto legislativo es la violencia vicaria, la «que más duele», dijo la consejera de Familia, Isabel Blanco, y que es la que se ejerce sobre los hijos, familiares y allegados a la mujer, «sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño».

La última tipología es la violencia de segundo orden, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y la persecución ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.