Los trabajadores de El Alba exigen que el centro «sea totalmente público»

Los trabajadores del centro de menores El Alba, que la Junta va a cerrar el 1 de julio, protestaron ayer ante la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, a la que culpan de una «privatización» que expulsará del sistema a cuatro trabajadoras interinas y obligará a reubicar, «en peores condiciones», a los otros catorce empleados fijos que tienen las dos unidades que desaparecerán a partir del próximo mes y que gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Tan solo quedará abierta la casa Santa María.

No entienden por qué la Administración autonómica no asume en su totalidad un servicio que podría funcionar si se contrata a otros dos educadores. Tampoco comparten la versión que ha dado la consejería, que apoya esta decisión en la ausencia de niños de cero a tres años desde julio del año pasado. Denuncian que la propia gerencia ha derivado de forma «deliberada» a los menores a entidades privadas o a la red de acogida familiar, pero sin pasar por un centro de estas características, como establece la ley.

Tienen el apoyo de los sindicatos y de la mayoría de las formaciones políticas con representación en las Cortes. También del alcalde de León, que acudió a la concentración. José Antonio Diez calificó de «caprichosa» la postura del Ejecutivo autonómico respecto a un centro que «es una referencia».

«Es una comunidad autónoma que apuesta por desmantelar el sector público y luego, cuando vienen los momentos difíciles, nos acordamos de cómo está y en qué situación ha quedado», advirtió el regidor, quien subrayó que «es intolerable» prescindir de la casa cuna y de un servicio centrado en el colectivo «más desprotegido, los menores».

En este sentido, el presidente del comité de empresa de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, David Fernández, como representante de la plantilla, reclamó que El Alba sea «público al cien por cien» y recordó al respecto que la Junta tiene los suficientes recursos para asumir esta competencia.

Puso como ejemplo el centro que existe en Salamanca, «similar al de León», y que no depende de ninguna congregación religiosa o empresa. Del mismo modo pidió a la consejería que explique cómo va a garantizar a partir de ahora la protección a estos menores y que aclare qué va a ocurrir si un niño necesita ayuda de madrugada. «Debe ser totalmente público», defendió.

La misma reivindicación hicieron durante la lectura del manifiesto con la que cerraron el acto y que corrió a cargo de una de las trabajadoras despedidas. «Hoy por hoy hay 18 trabajadores realizando turnos los 365 días del año para dar el mejor servicio a nuestros menores. La Gerencia de Servicios Sociales nos ha trasladado que intencionadamente no han hecho ingresos en el centro de El Alba desde julio de 2020, lo que ha provocado el cierre deliberado del Hogar Cuna de Urgencias, previsto para el 1 de julio, siendo este centro único en la provincia de León y un referente a nivel autonómico. También nos preguntamos quién se ocupará de estos menores y si pasarán nuevamente a la gestión privada», señalaron los afectados.

Sobre ambas cuestiones abundará en la Cortes la procuradora socialista Nuria Rubio, que igualmente acudió ayer a la concentración, en la que también estuvieron el líder de Podemos en la Comunidad, y parlamentario autonómico, Pablo Fernández, y el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos. «De qué lado van a estar los procuradores del PP, del lado de los trabajadores o a favor de su partido», apuntó la representante del PSOE, que presentará una batería de preguntas para que la Junta aclare los motivos del cierre.

Lo mismo hará Luis Mariano Santos, quien consideró que todo responde «a un plan» orquestado desde Valladolid, por el PP y Ciudadanos, «para privatizar todos los servicios».

Para Pablo Fernández «no es casual que este desmantelamiento, estas privatizaciones y esta pérdida de empleo sucedan siempre en León».