Trabajadores del amianto aplauden el fondo para compensar a las víctimas

Una lucha de años resuelta en una tarde de debate en el Congreso de los Diputados. La mayoría de los grupos de la Cámara Baja respaldaron por primera vez la toma en consideración de la propuesta de crear un fondo de compensación económica para las víctimas que durante años hayan trabajado en contacto con el amianto, una sustancia cancerígena que está provocando gran cantidad de litigios. En la provincia, según los datos de la Junta de Castilla y León, actualmente hay 97 personas a las que Sacyl realiza un seguimiento por su pasado laboral ligado a trabajos con este material, aunque se trata de clases pasivas. Además hay otras 171 personas en activo cuyos empleos están en contacto con el fibrocemento; su seguimiento sanitario, en este caso, lo realizan los servicios de prevención de sus empresas. Hace dos años, había un total de 738 trabajadores bajo vigilancia, si bien la pandemia ha paralizado la mayor parte de los empleos de la construcción orientados a la retirada del temido material.

Ayer, todos los grupos de la Cámara Baja, salvo Vox, que avanzó que se abstendrá, mostraron su disposición a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, avalada de forma unánime por al Parlamento Vasco en mayo de 2019.

La iniciativa había quedado paralizada en el Congreso por la disolución de las Cortes tras los comicios de abril de 2019 y fue defendida ayer por tres representantes de la Cámara autonómica —Maitane Ipiñazar (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE-EE)—, que recordaron la relación directa entre el amianto y el mesotelioma, una forma agresiva y mortal de cáncer.

El Grupo de la Ley Integral del Amianto, formado por sociedades civiles, médicas, ecologistas y asociaciones de víctimas de toda España, en palabras dirigidas a este periódico, se mostraron unidos para pedir con fortaleza que todos los grupos parlamentarios hicieran justicia social con las víctimas del amianto, y apoyar de forma contundente la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Trasladan que el Estado «lleva años dando la espalda a la pandemia del amianto», y a sus afectados, «y ya no se puede aplazar más el debate en sede parlamentaria del mismo, de un problema de salud laboral y medioambiental, y de justicia social, de tan graves consecuencias, que ha causado decenas de miles de víctimas, todas ellas injustas». «El amianto mató, mata, y seguirá matando si no se actúa de forma contundente contra él, como han hecho otros países europeos», sostienen.

Juan Carlos Paul, presidente de la Federación de Asociaciones y Colectivos del Amianto, trasladó que apoyan el anteproyecto de Ley del Fondo de Compensación porque ampara a todas las víctimas, «no sólo a los trabajadores de grandes empresas que pueden indemnizar, sino también a los que no tienen a quien reclamar porque se trataba de pequeñas empresas, muchas de ellas cerradas».

El amianto sigue estando presente aún en muchos lugares, tal y como señalaron las parlamentarias, porque, a pesar de que su uso y comercialización está prohibido desde hace años, este material ya que ha sido utilizado de forma masiva durante tres décadas. Además, el tiempo entre la exposición al amianto y el momento en que aparece la enfermedad es muy largo, y alrededor de un 20% de los casos se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente y la causa que está detrás es la contaminación ambiental. De ahí que en buena parte de los casos, los procedimientos de valoración e indemnización se manifiesten «inoperantes».